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JUEGO

Observaciones de UGT y CCOO al Anteproyecto de Ley de Regulación del Juego

12/01/2011 | Secretaria Sectorial de Juego CHTJ-UGT

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO hacen las siguientes consideraciones al Anteproyecto de Ley de Regulación del Juego:

I.- Observación previa.

Con carácter previo queremos hacer constar nuestra queja en la tramitación de la presente información sobre el Anteproyecto de Ley, en primer lugar por el incumplimiento del compromiso adoptado por parte del actual Director General de LAE, quién en reunión celebrada el pasado día 15 de diciembre de 2010 con representantes de UGT y CCOO se comprometió a remitir a los sindicatos copia del Anteproyecto de Ley, en cuanto se perfilaran algunos aspectos con las Comunidades Autónomas. Finalmente los sindicatos hemos tenido acceso al texto del anteproyecto a través de una página en Internet.

En segundo lugar se nos emplaza para realizar nuestro informe sobre el anteproyecto en el plazo de diez días naturales, remitiendo el actual titular de la Dirección General del LAE el requerimiento a tal efecto el día 31 de diciembre de 2010 (viernes), víspera de dos días inhábiles (días 1 y 2 de enero), además de los días inhábiles 6 y 9 de enero siguientes.

Estas circunstancias son merecedoras de nuestro más enérgico reproche a una actuación administrativa por parte del actual titular de la Dirección General de LAE que resulta impropia de un representante de un gobierno progresista y que se caracteriza por desdeñar el papel institucional de los sindicatos más representativos,

II.- Aportaciones al Anteproyecto de Ley de Regulación del Juego.

Aunque por la premura del tiempo desde que hemos conocido el Anteproyecto, no podemos profundizar como nos gustaría en todo el articulado del mismo, cuestión que realizaremos en la tramitación parlamentaria de dicho Anteproyecto (a través de las aportaciones a los grupos parlamentarios), si queremos hacer algunas aportaciones al mismo.

Son interesantes las definiciones que se realizan en las siguientes materias: Títulos habilitantes para los operadores, Licencias generales y singulares para cada juego no ocasional, o autorizaciones para los ocasionales, Registros de Operadores, de Interdicciones, regulación de los derechos de los jugadores, etc…), por ejemplo identificando la responsabilidad de los promocionadores y los que publicitan estos juegos.

Lo que entendemos que anima este tipo de regulación parece reunir diferentes causas. El primero de ellos es el propósito de cubrir parte de las carencias de ingresos fiscales del Estado, y para ello renueva las tasas de gestión administrativa del juego y crea el impuesto sobre actividades de juego. El segundo, concierne a la liberalización de un sector que al tiempo que define algunas reglas de funcionamiento con mayor precisión para el nuevo capital privado entrante y sus nuevos formatos. Pero también supone una erosión de la oferta y actividad pública de juego y del bien social que comportaba, debido a la eclosión de nuevos formatos privados de características propias.

FECOHT-CCOO y CHTJ-UGT focalizamos nuestros objetivos en los siguientes aspectos tanto de interés general como sociolaboral:

• Mantenimiento y generación de empleo, su calidad y su cualificación.

• Fomentar el juego responsable y no inductivo. Proteger a los usuarios. Controlar y fiscalizar prácticas de juego de potencial riesgo social (ludopatías, descontrol gasto de las familias, prevenir el abuso del juego de personas como menores, personas con alguna discapacidad psíquica, etc…).

• Favorecer el juego público. Mejor regulación y con mayores garantías para el conjunto de actores en el juego privado.

• Proteger un mecanismo contributivo o impositivo público de carácter voluntario, como son las loterías, con implicaciones sociales positivas. Destinar parte de lo recaudado por el sistema tributario del juego ya sea público o privado, para la prevención, control y tratamiento sanitario de las ludopatías.

• Controlar el flujo de capitales, especialmente el fraude, así como el potencial vehículo de desvío de capitales no regularizados para su blanqueo o para usos impropios (desvío a actividades irregulares o delictivas, o inducir manipulación en los propios eventos susceptibles de apuesta).

• Puesta en marcha de los mecanismos y medios económicos y humanos necesarios entre las distintas áreas de la administración del Estado (estado central, autonómico y local) para una eficaz lucha contra el blanqueo de capitales.

El capítulo laboral apenas se enuncia en este anteproyecto, salvo tímidamente. Pero cuando se alude, por ejemplo en cuanto a la formación del personal, debiera definirse mejor sus contenidos y fuente de recursos, la cualificación requerida, y los mecanismos de generación de acciones formativas específicas para los profesionales del sector. También debieran regularse las posibles subrogaciones del personal, que va a pasar de prestar servicios de una empresa o entidad pública a una privada.

A nuestro modo de ver, el segundo objetivo está abordado de manera insuficiente, porque la regulación de las nuevas modalidades de juego privados no introduce suficientes garantías de control y su fiscalidad es menor a lo deseable. En la práctica, el nuevo sector privado, crecerá en condiciones aparentemente de mayor competitividad –por disfrutar de menores costes fiscales, laborales, o de reparto de premios-, y menores ventajas sociales, que el juego público, al que se le asocia juegos más saludables. También supondrá una amenaza para viejos sectores del juego privado (bingo, casinos, máquinas recreativas, etc…).

Precisamente la regularización liberalizadora de los nuevos juegos privados neotecnológicos, a pesar de la nueva imposición fiscal planteada, puede comportar una caída de los ingresos públicos, al caer la recaudación del juego público, al derivarse parte del gasto en juegos de estos a aquellos.

Por último el control del fraude, debería exigir un mayor esfuerzo inspector y de medios materiales y humanos que faciliten la labor profesional de las distintas inspecciones. Es preciso fijar la atención al proceso de incursión de capitales a las empresas de juego, la identificación de los jugadores y las cantidades jugadas –a partir de cierto nivel de gasto-, como también el tratamiento de cómo se reparten los premios (para determinar adecuadamente también las obligaciones correspondientes de las partes concernidas –premiado, empresa de juego, sistema de intermediación financiera,…-).

Nuevas modalidades de juego neotecnológico.

Desde nuestro punto de vista el tratamiento de los diferentes servicios, en forma de modalidad de juego, debe ser diferenciado. Por un lado nos encontramos aquellos juegos que tienen una raíz de intercambio solidario y socialización, que se caracterizan por ser de carácter no inductivo. Son precisamente aquellos que tienen una mediación presencial, que comportan un premio diferido que no incita a la ludopatía, y que permite mecanismos sociales de responsabilidad para topar el porcentaje de gasto familiar en este tipo de ocio.

Por otro lado, están aquellos que por brindar premios instantáneos, por su facilidad para el juego individualizado y aislado, por no facilitar mecanismos directos o indirectos para limitar prácticas abusivas de dependencia y gasto, representan un tipo de ocio que conlleva más riesgos. Los juegos intermediados por los nuevos canales tecnológicos (Internet, redes sociales, móvil, etc…) frente a los presenciales incurren en estos mayores riesgos. No se trata por tanto, sólo de gravar sus ingresos, sino de introducir mecanismos que contengan esos riesgos. Creemos que debe gravarse de manera diferencial a los diferentes tipos de modalidad de juego en función de sus características, pero también incorporar protocolos que aseguren la participación responsable en el juego, con fórmulas como informar telemáticamente al usuario, debidamente identificado, solicitando cuánto se dispone a jugar a priori como máximo, y avisos o alarmas a partir de cierto porcentaje de lo que se quería gastar y de cuánto se ha gastado.

Ni que decir tiene que aunque en la regulación hay tratamiento fiscal diferenciado (desde la exención de impuestos de los premios obtenidos en el juego público y a la ONCE, hasta diversidad de regímenes para otros tipos de juego) no encontramos una motivación, ni una justificación razonada, objetiva y proporcionada del tratamiento en el anteproyecto. Aunque en líneas generales consideramos que su tratamiento es extraordinariamente favorable a las nuevas modalidades, en perjuicio del juego público y de la práctica social y responsable de jugar.

Se trata de valorar qué modelo económico configura cada tipo de oferta de juegos y a quién beneficia. Los juegos públicos se caracterizan por varias ventajas sociales, por su titularidad, y por su carácter económico. La recaudación engrosa y fortalece las cuentas públicas; reparte un porcentaje de premios superior a los juegos privados; son más fáciles de controlar y de regular sus garantías; genera mucho mayor empleo en condiciones de productividad ejemplares a escala internacional; y no detrae recursos para el beneficio privado. En el caso de la ONCE, parte de la recaudación genera empleo y servicios para un colectivo con dificultades como es el de personas con discapacidad. Y además, la mayoría de los juegos públicos no suelen generar tendencias inductivas ni de superación de porcentajes de gasto familiar excesivas.

En cambio, los nuevos modelos de juego privado suelen recurrir a nuevas tendencias, participación en contextos individualizados y aislados. En cambio, en las administraciones de loterías, pero también en los bingos y casinos, el entorno social, el ocio del ambiente, y la socialización desempeñan un carácter distinto, donde se anima pero también se evitan excesos a la hora de jugar. Las nuevas modalidades de juego neotecnológico sigue rutinas de repetición (juegos sucesivos y en cadena, referencia a recurrentes eventos y motivos susceptibles de apuesta, tales como pruebas deportivas, permanentemente promocionadas, que facilitan la serie de apuestas que no sólo ocasionan una mayor implicación con el resultado del evento, sino de enganche a los procesos de inducción y de “imaginaria recuperación de deudas acumuladas”, y sin pauta social de control de las cantidades a apostar). También se basan en premios instantáneos, y prefieren concentrarse en pocos premios altos poco probables que en muchos medianos estadísticamente más probables, generando una ficción de vía rápida al enriquecimiento.

En estos nuevos juegos la recaudación es privada, el reparto de premios es de un porcentaje inferior, no generan ni de lejos la misma cantidad de empleo por unidad de inversión, y suelen anticipar tasas de rentabilidad que engrosan exclusivamente las cuentas privadas. Dicho de otra manera, algunos de los nuevos juegos privados deben recibir un control, un mecanismo de supervisión más contundente, y unos gravámenes fiscales hasta el punto que no les favorezcan y eso supone situar gravámenes diferenciales por tipo de juego (porcentaje de premio repartido –más gravamen según menos premio repartido-, modalidad y riesgo a la inducción –mayor gravamen a los juegos menos saludables-, tasa de rentabilidad, etc…).

Pensemos que en los juegos públicos el beneficio social es igual a la suma de premios repartidos, más recaudación, más generación de ocupación, más facilitación de dinámicas de intercambio y socialización solidaria. El gravamen del nuevo impuesto sobre el juego para el juego privado tendría que ser por tanto aproximadamente un porcentaje que sumase el peso de la recaudación, menos los premios repartidos, menos la generación de ocupación e inversión. Y eso supone, posiblemente, que los gravámenes debieran ser sustancialmente mayores a los establecidos. Más aún si con la aparición de estos nuevos juegos privados no presencialistas se hará competencia a juegos públicos o de interés social en detrimento de sus ingresos. Por tanto, si no se consideran estos factores lo que podría incrementarse de ingresos por los nuevos impuestos y tasas puede suponer una caída sustancial en la recaudación a posteriori de los juegos públicos. El resultado, en tal caso, es que el negocio del juego podría ir cayendo en manos de capital privado, y que el juego público, y la recaudación derivada y los beneficios de sus modalidades de juego, se verían cada vez más disminuidos.

A este respecto, el modelo de regulación planteado, aún representando un avance en lo que concierne a la reglamentación de mínimos de las nuevas vías y modalidades de juego, no establece garantías y protocolos suficientemente definidos para éstos. Según la ley, hay mecanismos excesivamente genéricos que es preciso perfilar. La consecuencia, además, en un proceso de privatización y mercantilización parcial de los juegos públicos, puede ser el retroceso de prácticas y modalidades de juego comparativamente más saludables y beneficiosas para el interés general, a favor de un nuevo mercado de nuevas formas de juego potencialmente más arriesgadas para sus consumidores. Porque su aparición desvía el gasto de unos juegos a otros –al fin y al cabo las tendencias del porcentaje del gasto familiar y el volumen de mercado en porcentaje del PIB suele ser bastante estable, y la aparición de nuevos juegos únicamente supone un reparto de ese mercado, pero no una ampliación-, y sobre todo a juegos inductivos en tanto que su promoción es más eficaz por vía internet y televisión que por la vía presencial, y porque genera menos empleo y, de crearlo, lo hace en condiciones menos garantistas y además no necesariamente en el país.

Órganos de gestión del juego

Otros aspectos que merecen debate es la selección de los miembros de la Comisión Nacional de Juego, definida por el gobierno, y no por el parlamento. Creemos que sería más garantista de la pluralidad y del control que fuese el parlamento el que eligiese a sus miembros.

Participación institucional de los agentes sociales

Por otro lado, en tanto que esta regulación afecta a un bien público –el juego público- y regula el sector, y por tanto repercute en el interés general e incluso al empleo del sector de juego en su conjunto, consideramos que debiera reconocerse la participación de los agentes sociales del sector. Tanto en lo que deba concernir a la definición del perfil y la selección del personal de la Comisión Nacional de Juego, como, en particular, en cualquier desarrollo de contenidos que afecten a los y las empleadas del sector. En particular, hay capítulos mencionados en el Anteproyecto tales como la formación específica de este colectivo, o los que conciernen a la imposibilidad de jugar para los ocupados en el sector, y de sus familiares. Además, sería conveniente un desarrollo de mínimos de cualificación (que refieran a competencias de garantías de seguridad y confidencialidad, trato de personas en riesgo de no poder responsabilizarse del gasto en juego, manejo de dinero, seguimiento de prácticas de posible fraude, cooperación con la Comisión Nacional de Juego y con otras autoridades públicas, dinamización de redes sociales para potenciar los intercambios sociales solidarios del juego, por ejemplo) que debieran conformar los perfiles, y acciones formativas correspondientes, de los y las profesionales del sector. Asimismo, hay que considerar que en el propio diseño de las bases concursales públicas a la hora de seleccionar operadores debiera incluirse criterios de selección que tengan muy en cuenta la composición de las plantillas de los operadores y sus condiciones, y no sólo los capitales sociales mínimos para ejercer en el sector.

Otros comentarios y consideraciones

Cuando se refieren a algún tipo de apuestas, a la hora de definirla, se habla de apuestas hípicas pero no hay referencias a otro tipo de apuestas con competición de animales, tales como los canódromos. Aún cuando estén en desuso debiera incluirse en la definición de tipos de juegos alguna referencia, afín al de las apuestas hípicas, a otro tipo de apuestas semejantes que no comportan la competición de carreras de caballos.

También observamos en varios apartados que no se especifica suficientemente la concurrencia que de hecho existe con los juegos de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, si no se excluyen específicamente en la Ley.

Tratar el Juego como un sector económico más y permitir la publicidad moderada.

II.1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En su apartado III, dice textualmente: “Esta ley, sobre la base de la existencia de una oferta dimensionada, pretende regular la forma de acceder a la explotación de las actividades de juego de ámbito nacional o supracomunitario, permitiendo asimismo la apertura del sector a una pluralidad de operadores de juego”.

• Debería quedar abierta la posibilidad de que la red de LAE pudiera comercializar otros juegos además de los propios y exclusivos de LAE, pudiendo acceder a ellos en las mismas condiciones que cualquier otro.

• La ley debería clarificar las condiciones en las que la red de LAE puede comercializar sus productos a través de las nuevas tecnologías del juego.

II.2.- CAPÍTULO III. Órganos de dirección.

• El Consejo debería estar formado por los miembros que recoge el Anteproyecto mas cuatro miembros de las CCAA rotativos cada tres años.

• En la Conferencia sectorial deben estar presentes además de los miembros recogidos en el Anteproyecto, los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas del sector.

II.3.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.

Régimen transitorio para los puntos de venta y delegaciones comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

• Es imprescindible ser mas precisos en esta disposición, para establecer claramente cuales son los derechos adquiridos por parte de las Administraciones de Loterías que no hayan pasado a contrato mercantil para que no se den disfunciones como las que se han venido dando hasta ahora: ausencia de derechos adquiridos (según LAE). Habría pues, que especificar de que normativa administrativa se habla en el Anteproyecto, con sus derechos y obligaciones.

II.4.- DISPOSICIÓN DEROGATORIA

• Ante el gran número de decretos, órdenes, reales decretos, disposiciones adicionales y leyes que se derogan en lo que tiene que ver con LAE, se hace cada vez mas imprescindible poner en marcha una de Ley de Juego Público donde quede claro la finalidad de la misma, la tipología de los juegos, la apuesta por los juegos no adictivos, no ludopáticos, solidarios y de respuesta diferida, así como los criterios finalistas de los ingresos al Estado, siendo estos repartidos proporcionalmente entre las distintas CCAA, en función de la venta que realicen de dichos juegos en cada territorio autonómico, después de descontar los gastos de gestión central.

• Desde nuestra óptica, implica una devaluación de la consideración del juego público denominarla como “juegos sujetos a reserva de actividad”. Por otra parte, la denominación del anteproyecto como ley de regulación del juego, sin un tratamiento diferencial y específico del Juego Público supone dar carpetazo a un sector de interés social y general con características a promocionar y proteger, y tal como se le trata en este anteproyecto queda su futuro en términos de incertidumbre e indefensión. Por su carácter y orientación supone, por derivación, un detrimento de derechos de la ciudadanía y, también, del empleo y la ocupación.

Adjuntamos resolución del Sindicato UNI-Mundial sobre el juego On-LINE.

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