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La amnistía fiscal empaña toda actuación contra el fraude fiscal

Poca munición contra los defraudadores

UGT propone una reforma integral del sistema fiscal para hacerlo más justo y potente

13/04/2012 | UGT

El Proyecto de Ley de lucha contra el fraude aprobado hoy en Consejo de Ministros constituye un parche con medidas claramente insuficientes y cortoplacistas.

Para UGT, el plan del Gobierno es, en esencia, un intento de “lavar su imagen” tras la aprobación de una amnistía fiscal profundamente injusta que premia a los defraudadores.

El sindicato reitera la necesidad de abordar una reforma integral del sistema fiscal, que mejore su potencia recaudatoria, su equidad y progresividad, y tapone los agujeros existentes para el fraude penalizando con contundencia y severidad las conductas insolidarias con más recursos y normas más incisivas.

Tal y como había anunciado el Gobierno en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para este año, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Proyecto de ley de lucha contra el fraude con el que pretende recaudar 8.170 millones de euros. Lo cierto es que las medidas adoptadas son insuficientes para que puedan caracterizarse como un verdadero plan contra el fraude de la dimensión que nuestro país precisa, y las estimaciones recaudatorias del Ejecutivo son demasiado optimistas.

Además, la primera medida que afecta a la lucha contra el fraude fiscal se aprobó hace dos semanas junto a los propios PGE, y condiciona de forma determinante la valoración de lo aprobado hoy, que queda muy devaluado. Se trata de la amnistía fiscal que se introdujo entonces, y que constituye una iniciativa profundamente injusta, que genera agravios comparativos con los contribuyentes cumplidores, ineficaz (como lo fueron las amnistías aprobadas anteriormente por otros gobiernos), y demoledora para la conciencia tributaria de los ciudadanos. Es incoherente adoptar una iniciativa que permite legitimar el fraude de todo tipo (actividades delictivas incluidas) de los últimos 20 años para luego intentar transmitir la idea de que se va a luchar contra esas actividades fraudulentas. El mensaje ha sido nefasto y sus consecuencias pueden ser graves y duraderas.

Las medidas aprobadas ahora podrían ser consideradas en principio como positivas, en términos generales, aunque su efectividad en la práctica vaya a ser muy reducida. Lo es, por ejemplo, la limitación de los pagos en efectivo a 2.500 euros, como también la obligación de informar sobre las cuentas situadas en el extranjero, y en especial en los paraísos fiscales. Pero en ambos casos son poco ambiciosas. La primera podría haber establecido el límite en una cuantía más reducida (por ejemplo en 1.000 euros, como ha hecho recientemente Italia) y establece unas sanciones escasamente disuasorias; y la segunda debería haberse concretado en una actitud mucho más beligerante de la Administración contra los comportamientos de las entidades financieras, exigiendo más información y garantías sobre todo tipo de operaciones que permitan seguir y analizar los rastros de las operaciones y movimientos fraudulentas en el extranjero.

En suma, la amnistía fiscal aprobada y la ausencia de medidas más ambiciosas reducen el denominado Plan a tan sólo unos parches bien dirigidos pero absolutamente insuficientes, y con un planteamiento muy cortoplacista. No es, desde luego, un plan “extremadamente agresivo” contra los defraudadores, en contraposición a la reforma laboral. Un reflejo sin duda de la diferente actitud del Gobierno ante los asalariados y personas con especiales dificultades y ante los grandes inversores y las grandes fortunas. Por eso el Gobierno se opone a crear un impuesto sobre las grandes fortunas, como venimos defendiendo desde hace tiempo en UGT.

Desde UGT insistimos en la necesidad de abordar una reforma integral de nuestro sistema fiscal para elevar su potencia recaudatoria, que se ha ido erosionando año tras año por las medidas adoptadas, para mejorar su equidad y progresividad (la mejor manera de promover el cumplimiento fiscal voluntario) y para cerrar los agujeros existentes para el fraude y atacar con la contundencia y severidad necesarias esas conductas insolidarias, con más personal, más medios y normas más incisivas.

Si la situación de nuestra economía es de emergencia, como vienen repitiendo los responsables del Gobierno, y teniendo en cuenta que nuestro país mantiene una presión fiscal más de 7 puntos inferior a la media de la zona euro, no se entiende que no se abra de inmediato un proceso de diálogo para analizar y promover una reestructuración de nuestros impuestos, para hacerlos más justos y eficientes y elevar los ingresos de las Administraciones Públicas.

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