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STC 175/2011, de 08 de noviembre | BOE 07 de diciembre de 2011

Policías con armas, pero sin títulos

05/07/2012 | Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Ponente:

Ramón Rodríguez Arribas

Voces:

  • Distribución de competencias sobre bases de régimen estatutario de la función y seguridad públicas.
  • Dispensa en norma autonómica de titulación a policías locales en promoción interna 

Supuesto: 

Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cantabria sobre DT 2ª de la derogada Ley cántabra 7/1994, de coordinación de policías locales, que dispensaba, en un grado para la promoción interna, de la titulación exigida para el ingreso en el cuerpo o escala; por posible vulneración de los arts. 103.3 y 149.18 CE y de disposiciones básicas del Estado en materia de función pública.

Criterio: 

Reconoce el TC, derivado de la LOFCS y la LBRL, que la policía local tiene naturaleza de fuerza y cuerpo de seguridad, integrada en institutos armados de carácter civil, regida por los principios de mérito, capacidad y antigüedad, e integrada por funcionarios al servicio de la Administración local, que resultan coordinados por las Comunidades Autónomas (fj 4). De ello se desprende que la titulación se erige en requisito esencial de la promoción interna, que es elemento básico del régimen estatutario de los funcionarios públicos y conduce al título competencial del art. 149.1.18 CE (fj 5).

No puede estimarse encuadrable la regulación de la titulación en la competencia de seguridad pública que regula el art. 149.1.29 CE, por cuanto las funciones de los agentes municipales trascienden del mantenimiento de la seguridad pública, desarrollando una actividad predominante de policía administrativa (salud y salubridad municipal, protección del patrimonio, horarios comerciales, locales de ocio, urbanismo, etc.) (fj 7).

Se ha vulnerado con ello el orden constitucional de distribución de competencias lo que conlleva la nulidad del precepto legal cántabro.

Reitera criterio:

SSTC 69/1988, de 19 de abril (fj 2); y 197/1996, de 28 de noviembre (fj 4).

Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

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