Hacia un nuevo modelo económico y social en España
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Sábado, 20/10/2018
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CONFEDERAL ı CUMBRE SOCIAL

Por una democracia más fuerte y participativa

Se cumple un año de la primera Cumbre Social

25/07/2013 | UGT ı Nota de prensa

Hoy 25 de julio se cumple un año de la constitución de la Cumbre Social, que engloba a UGT, CCOO, USO y más de 150 organizaciones representativas de la sociedad civil. Una Cumbre en la que confluye una visión común: la política económica y social que se está aplicando además de inútil, es injusta y nos conduce a una sociedad más injusta, donde prima la desigualdad, la pobreza y donde cada vez hay menos democracia y más mercado, menos economía productiva y más especulativa.

Los recortes indiscriminados en servicios públicos esenciales, la cada vez menor protección a las personas y el consiguiente debilitamiento del Estado de Bienestar, al mismo tiempo que la aplicación de políticas regresivas que incrementan el paro y ahondan en la recesión está provocando una situación insostenible para la inmensa mayoría de la sociedad. 

El Gobierno del PP ha incumplido prácticamente en su totalidad el programa electoral con el que accedió al poder; su denominado plan reformista se traduce en recortes de derechos sociales y laborales que pueden llegar a ser irreversibles. De ahí que hayamos solicitado un referéndum sobre las políticas que el Gobierno está aplicando. Políticas coincidentes con la austeridad a ultranza que ha dictado la Comisión Europea, en respuesta, no al interés general, sino a determinados intereses de grupos económicos y financieros y de países como Alemania.

Pero en España, a la deteriorada situación económica (la OCDE ya ha anunciado que en 2014, el paro no solo no bajará sino que puede llegar a alcanzar una tasa cercana al 28%) se une además un grave deterioro de la situación política por la falta de respuesta del Gobierno, ante las acusaciones del que fuera durante más de 20 años tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, revelando la financiación ilegal del PP y acusando directamente a muchos de los miembros de su cúpula, entre ellos el que hoy es Presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Lejos de aclarar estas acusaciones, conforme a la futura ley de Transparencia de la que hace gala el propio Gobierno, Rajoy se escuda en la estabilidad política y se arropa con la imagen del apoyo de los que conforman el Consejo para la Competitividad Empresarial, firmes defensores de la política que se está aplicando. La reforma laboral, aplaudida por muchos de ellos, ha acelerado la destrucción de empleo, al facilitar y abaratar el despido, y ha desequilibrado las relaciones laborales en detrimento de los trabajadores y en favor de los empresarios.

El resultado de esta indolencia e irresponsabilidad del presidente Rajoy, de pasar por alto las demandas de la gente, los graves problemas a los que tiene que enfrentarse cada día la ciudadanía, y especialmente las personas sin empleo y sin prestación, está provocando una fuerte desconfianza en un Gobierno que ha cometido fraude democrático, al hacer justo lo contrario de lo que prometió durante la campaña electoral.

El resultado de esta antipolítica austericida, que da la espalda a los ciudadanos es que cada vez somos un país más endeudado (la deuda pública roza ya el 90% del PIB), con más paro, más precariedad y con menos servicios públicos esenciales (como lo constatan los continuos recortes en sanidad, educación, pensiones, dependencia, servicios sociales, justicia, investigación, políticas de igualdad, etc.)

Un país en venta, donde todo es privatizable, y donde se pretende romper el modelo social que nuestro país había empezado a construir.

La Cumbre Social considera que es precisa una reforma constitucional, un cambio en la ley electoral para que la democracia sea más abierta y participativa; una verdadera ley de transparencia; y la separación efectiva de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de tal forma que todos ellos se complementen y no se contaminen como está ocurriendo.

Es necesario preservar la cohesión social, garantizar el derecho a una vivienda a todos los ciudadanos, promover trabajos dignos y de calidad, preservar el derecho a la negociación colectiva y recuperar el equilibrio en las relaciones laborales (roto por la reforma laboral). Asimismo, se debe garantizar y seguir avanzando en el Estado de Bienestar y apostar por la políticas de consenso que busquen el bien común.

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