La Constitución, tras más de tres décadas y una sociedad en permanente evolución, necesita reformas pero para reforzar la democracia, no para debilitarla. Es necesario establecer referéndums de carácter vinculante sobre materias de especial envergadura que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos. UGT alerta también sobre la contrarreforma constitucional y sin consenso que está llevando a cabo el Gobierno del PP, en base a la aprobación de leyes, con claras tachas inconstitucionales.
Nuestra Constitución, que ha permitido el desarrollo político, económico y social de nuestro país, cumple 35 años. Desde 1978, hasta ahora, ha marcado la pauta de una voluntad unánime: avanzar hacia un país a mejor, donde prevalezca la palabra democracia en todos los ámbitos (político, laboral, económico y social).
Tras más de tres décadas y una sociedad en permanente evolución, la Constitución necesita reformas. Reformas para reforzar la democracia, no reformas para debilitarla. Así, es preciso poner en marcha una reforma que posibilite cauces de participación directa a los ciudadanos en cuestiones de especial trascendencia, que se articulen mecanismos similares a los que ya existen en otros países, como Italia o EEUU, que permitan cambiar las leyes cuando haya motivos de envergadura. Hacen falta referéndums de carácter vinculante y decisorio para evitar la tentación de un ?absolutismo? a ultranza, en base a mayorías absolutas, conquistadas con promesas que luego se incumplen en cuestiones tan vitales como las pensiones, la sanidad o la educación.
En un entorno económico y social muy difícil, por una durísima crisis económica y financiera, que está empobreciendo cada día más a las personas, es necesario y urgente un cambio del marco constitucional para que éste vuelva a ser percibido como la esperanza y la solución para una ciudadanía apesadumbrada por la situación en la que nos encontramos. De esta forma, frente a la reforma ?exprés? de la Constitución del año 2011, cuya prioridad absoluta era el pago de la deuda pública sobre cualquier otra rúbrica presupuestaria y que ha marcado la política de recorte desde entonces, se hace imprescindible una reforma que fije un suelo de gasto social con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los ciudadanos en los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y la protección social.
Esta reflexión, que es pura lógica, no es compartida por el Gobierno del PP ¿Por qué se niega a cualquier propuesta de reforma en este sentido? Porque ya está llevando a cabo su propia contrarreforma constitucional, en base a la aprobación de leyes con claras tachas de inconstitucionalidad, entre ellas, la ley Wert, la ley de la reforma de pensiones, la ley de reforma del Código Penal (con una Ley de Seguridad Ciudadana que recorta las libertades públicas y constitucionales menoscabando los instrumentos de defensa de la ciudadanía y que ya ha sido criticada desde el Consejo de Europa), la reforma laboral y la ley de administraciones locales. Leyes con un amplio rechazo político y social que empequeñecen nuestra Democracia, pues rompen conceptos básicos como el de la igualdad de oportunidades.
Se está utilizando el rodillo de la mayoría absoluta para gobernar en base al decreto ley, sin buscar consensos. Gobiernan al dictado de una política europea que se amolda a la doctrina neoliberal que defienden: lo privado, por encima de lo público, el interés de determinados loobys y grupos de interés por encima del bienestar de los ciudadanos. Se aplastan derechos sociales y laborales, que ha costado mucho esfuerzo conseguir, y se intenta amordazar la protesta social utilizando toda la artillería: la legislativa, la mediática, etc. Quieren apropiarse de lo que ellos llaman ?la mayoría silenciosa?, una mayoría cada vez más consciente de que ahora hay menos justicia social, más pobreza, más desigualdades y menos derechos. El ciudadano no percibe la recuperación, percibe que su situación y la de su entorno cada vez va a peor y que los sacrificios y esfuerzos que realiza no están sirviendo para nada, salvo para que una minoría sea cada vez más rica y los márgenes empresariales sigan aumentando a pesar del descalabro salarial de la gran mayoría social.
Es necesario rescatar nuestra Constitución de los síntomas absolutistas e iniciar una reforma consensuada, sin las presiones del entorno, de forma serena, equilibrada y orientada al bien general con el objetivo de que los ciudadanos se sientan más identificados y cercanos al sistema político actual y a sus instituciones.
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