Hacia un nuevo modelo económico y social en España
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HUELGA GENERAL 29 DE MARZO 2012

Resolución del Comité Confederal Extraordinario 09.03.2012

10/03/2012 | UGT

En Madrid, el día 9 de marzo de 2012, la Unión General de Trabajadores ha celebrado Comité Confederal Extraordinario, habiendo aprobado por unanimidad la siguiente

RESOLUCION

EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO

1.- Los dos primeros meses del año han servido para confirmar que nuestra economía atraviesa una situación muy grave que la sitúa al borde de la recesión técnica, pero que amenaza con ir más allá y convertirse en una depresión de efectos desconocidos. Los datos de actividad económica que se han ido conociendo en este período reflejan el hundimiento simultáneo del consumo de los hogares, del gasto de las Administraciones Públicas y de la inversión, lo que ha inducido la contracción de la producción de la inmensa mayoría de nuestro tejido económico. El escenario caracteriza una profunda crisis de demanda, que amenaza con enraizarse en nuestro modelo de crecimiento en los próximos años.

La consecuencia más grave de ello está siendo sin duda la intensa destrucción de empleo y el consustancial aumento del número de personas en situación de desempleo, que ha superado ya ampliamente los cinco millones y que ha llevado la tasa de paro hasta el 22,8%, la más elevada desde hace 16 años, y con una tendencia creciente. Para el Comité Confederal este es, a todas luces, un nivel de desempleo incompatible con un estándar aceptable de bienestar social, que lastra nuestra capacidad de desarrollo de manera determinante. Por eso el empleo debe ser el objetivo central y casi único de toda la política económica. Si no se frena la destrucción de empleo y se ponen las bases para que comience a crecer cuanto antes no resulta exagerado decir que nos encaminaremos hacia la destrucción de las bases de nuestra economía y aún más, de nuestro modelo de bienestar.

Pese a esta evidente realidad, las actuaciones del Gobierno obedecen a otras lógicas, atrapado entre la presión de sus partidarios más radicalmente liberales y la sumisión a las directrices europeas dictadas por la jefa de Gobierno alemana Sra. Merkel. En lugar de poner el empleo como guía de sus actuaciones, se sitúa el control del déficit como objetivo supremo. Ajuste en época de recesión, o lo que es lo mismo, una política procíclica que sólo puede provocar más recesión y más paro.

LAS POLÍTICAS DE AJUSTE DEL DÉFICIT PÚBLICO CONDUCEN A LA RECESIÓN ECONÓMICA Y LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO

2.- Se han cumplido las perspectivas más pesimistas analizadas por el 5º Comité Confederal Ordinario de los días 23 y 24 de noviembre de 2011 y por el Comité Confederal Extraordinario de 25 de enero de 2012. La inmediata entrada de nuestra economía en una nueva fase recesiva ha puesto de manifiesto el fracaso absoluto de las políticas de contención del déficit público promovidas por las instancias de la Unión Europea, secundadas por los gobiernos nacionales, entre ellos el español.

El Gobierno del Partido Popular se ha dedicado con intensidad, tan pronto asumiera las tareas de gobierno tras las recientes elecciones generales, al control del déficit público a toda costa,fuesen cuales fuesen las consecuencias negativas que estas políticas restrictivas pudieran generar en la actividad económica y en las instituciones del Estado de Bienestar. Prueba de ello, pese a que el Gobierno continúa demorando la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el presente año, fueron sus primeras medidas incorporadas al “Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”.

El conjunto de las medidas adoptadas en este Real Decreto-ley son una clara muestra del camino de recortes presupuestarios que concluirá con los citados presupuestos para el año en curso, lo que supondrá un freno seguro para la economía, y provocará la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo: incrementos mínimos de las pensiones que se anulan con la subida de impuestos; congelación del SMI y del IPREM; aplicación de una tasa cero de reposición de efectivos en la mayoría de ámbitos de la función pública; congelación de las retribuciones de los empleados públicos e incremento de la jornada de trabajo; no renovación de la renta de emancipación para jóvenes; aplazamiento a 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios; aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas; y la aprobación de un acuerdo de no disponibilidad de gasto durante el primer trimestre de 2012. Y de manera sorprendente, en función de lo que se había prometido en la campaña electoral y en los discursos oficiales del Gobierno, se adoptaron medidas fiscales de subida de impuestos, de manera deslavazada y sin coherencia alguna, y sin tener en cuenta la capacidad fiscal de las mayores fortunas del país, que una vez más salen a salvo de hacer una contribución equitativa al gasto público.

El límite del gasto no financiero aprobado por el Consejo de Ministros para el presente año establecido en el 5,8 %, apunta a la elaboración de unos presupuestos extremadamente restrictivos que deberían traducirse en una reducción extraordinaria desde las cifras actuales de déficit, -considerando que la contracción de la actividad económica esperada para el año 2012 será de un 1,7 %-, cifrada en nada menos que en un 4,7 % a conseguir en lo que resta del año a partir de su aprobación, lo que a todas luces se torna como un objetivo de improbable consecución. En cualquier caso, estas políticas presupuestarias restrictivas incidirán, como ha acontecido en los ejercicios anteriores, en la prolongación de la crisis económica, el estancamiento de la actividad productiva, el retraimiento del consumo, y como consecuencia de todo ello, provocarán la elevación aún mayor de la tasa de paro, que el mismo Gobierno prevé que alcance el 24,3% en 2012, mediante la destrucción neta de 630.000 puestos de trabajo. Tal circunstancia, hará que mengüen los recursos públicos, y haga inviable, previsiblemente, el objetivo de reducción del déficit público, y podría conducir a una nueva y ulterior presión sobre las finanzas públicas españolas desde las instituciones y mercados financieros, en un círculo vicioso de incalculables consecuencias perjudiciales para la economía, el empleo y la sociedad en general.

Es cierto que el objetivo de déficit fijado para este año es del 5,8%, superior al 4,4% establecido desde Bruselas, pero ello no determina diferencias sustanciales en la estrategia planteada y en sus efectos, puesto que el cumplimiento de este nuevo estándar implicará igualmente un recorte inasumible por nuestra economía, que se estima en unos 30.000 millones de euros. Y, en todo caso, se mantiene el irreal horizonte del 3% para 2013.

En tal sentido, el Comité Confederal considera que no será posible armonizar la reducción del déficit público con la necesaria revitalización y dinamización de la actividad económica, mientras que no se flexibilice el objetivo final de reducción del déficit público en el año 2013, establecido en el 3 %. En tanto no se aplace la consecución de este objetivo en dos años, como ya ha tenido ocasión de señalar este Comité Confederal en sus resoluciones, no será posible facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Este es el escenario planteado y promovido por el Gobierno del Partido Popular, una apuesta que para la UGT sólo ofrece depresión económica y regresión social.

Del mismo modo, y como viene insistiendo este Comité Confederal, tanto en la elaboración de los presupuestos generales del Estado como en la delimitación de los contenidos de la ley de estabilidad presupuestaria pronta a iniciar su tramitación parlamentaria, debería garantizarse un “suelo de gasto social”, de forma que no se ponga en cuestión la “sostenibilidad económica o social” que prevé la Constitución reformada en su articulo 135, atendiendo a la virulencia de la crisis económica, la necesidad de garantizar la protección social y los servicios públicos, y hacer frente al empobrecimiento paulatino de cada vez más amplias capas sociales, que está conduciendo al incremento de las desigualdades en España, que alcanza ya niveles destacados en la Unión Europea.

LAS ALTERNATIVAS Y RESPUESTAS A LAS POLÍTICAS DE AJUSTE DURO DEL DÉFICIT PÚBLICO DEFENDIDAS POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

3.- Las alternativas del sindicato a las políticas económicas adoptadas por los poderes públicos se recogen en el documento “Pacto por el Empleo y la Cohesión Social” de 7 de noviembre de 2011, y en el previo de 18 de agosto del mismo año “para la generación del empleo en el centro de la actividad económica”, suscritos ambos junto a CCOO. Estas propuestas se elaboraron como demanda a las fuerzas políticas parlamentarias para la promoción de un Pacto por el empleo y la cohesión social.

Asimismo, la organización propuso que la respuesta a la crisis económica debería darse tanto en el nivel nacional como en el europeo. En este sentido, el Comité Confederal valora el éxito de las movilizaciones desarrolladas el pasado 29 de febrero de 2012, en la “Jornada de Acción Sindical Europea”, en la que ciudadanía europea ha dado una clara respuesta a los mandatarios europeos, con el lema “Por el Empleo y la Justicia Social”, de apoyo a las alternativas basadas en la defensa de los sistemas de protección social de los Estados miembros, y de rechazo a las nefastas políticas de austeridad auspiciadas por el Consejo, la Comisión, el Banco Central Europeo, y los gobiernos conservadores alemán y francés.

En definitiva, se ha dado una contestación contundente al “Tratado sobre la Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria”, que tiene como correlato el recorte del Estado de Bienestar. Algo que los trabajadores de nuestro país y de toda Europa conocen.

LAS POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO ESTAN SOCAVANDO EL ESTADO DE BIENESTAR, A TRAVÉS DEL DEBILITAMIENTO DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS, NEGANDO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA FINANCIACIÓN NECESARIA PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES

4.- La gestión de la crisis económica en Europa y en España están dando al traste con el esfuerzo de generaciones en el fortalecimiento de los servicios esenciales básicos que constituyen los pilares en que se asienta el Estado de Bienestar: la sanidad, la educación, las pensiones y el sistema de protección a la dependencia y los servicios sociales.

Cuando ni en la fase prolongada de crecimiento económico se pudo lograr alcanzar los niveles de gasto social de los países de nuestro entorno, corremos hoy el serio peligro de ver disminuidos los niveles de protección y la garantía de estos derechos básicos ciudadanos. Las constantes reducciones en los niveles de gasto público en la atención de estos servicios están provocando una grave alarma social y la generación de múltiples conflictos sociales de intensidad creciente, particularmente en los ámbitos territoriales en los que la restricción del gasto en estos servicios esenciales se acompaña del despilfarro de recursos en finalidades innecesarias o de la falta de ética en la asignación del gasto.

La responsabilidad sobre estos servicios, que constituyen nuestro modelo básico de protección social recae, por mandato constitucional, en las Comunidades Autónomas que son las Administraciones Públicas que tienen las competencias en la prestación de los servicios de la Sanidad, la Educación y de las políticas de atención a la dependencia y servicios sociales. La responsabilidad que han tenido estas Administraciones en el incremento del déficit público en 2011 respecto del inicialmente previsto para la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, hace que las políticas de ajuste deban aplicarse, en su mayor parte, sobre los presupuestos de las citadas Comunidades, con repercusión en los servicios públicos de su competencia. El ajuste al que previsiblemente se obligará a éstas en 2012, como se ha debatido en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera, hará que se deprecien progresivamente los servicios al ciudadano, lo que provocará nuevos conflictos y un aumento de la desigualdad respecto de quienes puedan con sus propios recursos atender a los problemas de salud, o la educación, o la atención de las situaciones de dependencia, desde el mercado, y a la vez repercutirá en pérdida de empleo público.

Por tanto, las políticas de ajuste pueden seguir incrementando los niveles de pobreza y la desigualdad de trato, en un momento en que estos servicios están llamados a asegurar una protección mínima ante los estados de necesidad como obliga la Constitución.

Es por lo que este Comité, como ya hizo con el apoyo a la campaña desarrollada en “defensa del empleo y del estado de bienestar” que concluyó en la Jornada Mundial por el trabajo decente del mes de octubre de 2011, hace un llamamiento ciudadano a la movilización para la defensa de nuestro sistema social de derechos ciudadanos, en el marco de la “Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos”, y del manifiesto aprobado por diferentes asociaciones y organizaciones estatales y las organizaciones sindicales más representativas a nivel del Estado, y proclama su más absoluto rechazo a estas políticas que socavan los cimientos del Estado de Bienestar.

DEFENDER LOS SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES Y LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS LLEVA A LA DEFENSA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y DEL MARCO LEGAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

5.- Con particular crudeza las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales a raíz del último proceso de elecciones autonómicas y locales de 2011, primero, y la Administración General del Estado tras el proceso de elecciones generales del mismo año, después, se han volcado en la progresiva depreciación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, y en el recorte del número de los recursos humanos disponibles para la atención de los servicios, lo que se acompaña de campañas públicas, con el apoyo de algunos medios de comunicación y de las cúpulas patronales, en las que se les ataca y denigra por el supuesto de delito de dedicarse profesionalmente a la satisfacción del interés general de manera permanente y profesionalizada y en el marco específico de derechos y obligaciones singulares que establece su estatuto básico.

La disminución del número de efectivos por la drástica reducción del gasto público redundará en la depreciación del servicio público. Para hacer frente a estas políticas, se ha aprobado por el sindicato un campaña de defensa de lo público “Lo público es por ti, lo público es para ti” para informar a los ciudadanos de la necesidad de contar con servicios públicos universales, accesibles y de calidad, que sean sostén del Estado de Bienestar, y permitan la consecución de la cohesión social y territorial.

No obstante, las medidas recogidas en el citado Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, han supuesto una nueva agresión sobre los empleados públicos, a través de la reducción drástica de las plantillas mediante la no provisión de las vacantes producidas durante el ejercicio, y de la congelación un año más de sus retribuciones, lo que se añade a las que se arrastran del pasado y a la reducción del 5 % de las cuantías de las retribuciones ordenada por el Real Decreto-ley 8/2010.

Pero si estas medidas económicas han puesto ya en el punto de mira a los empleados públicos, la misma reforma laboral aprobada por el Real Decreto 3/2011 posibilita el despido generalizado de los empleados que ostentan la condición de personal laboral, mediante los instrumentos del despido colectivo regulado en el Estatuto de los Trabajadores.

Haciendo abstracción de los derechos que informan la relación de empleo de estos trabajadores que prestan servicios para las Administraciones Públicas, se posibilita por el Gobierno que éstas puedan desprenderse de sus efectivos de personal para la consecución de los objetivos de déficit por la simple circunstancia de atravesar dificultades en la materia de financiación presupuestaria durante tres trimestres consecutivos. El número de trabajadores según los datos publicados al mes de julio de 2011 en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que tienen ese carácter es de 690.278 de un total de 2.690.099, debiendo destacar el impacto potencial de estos mecanismos de despido en la Administración Local, cuando del total de 646.627 efectivos, 384.273 tienen el carácter de laborales.

Pero las medidas incorporadas al mencionado Real Decreto-ley se aplicarán no solo al grupo de organismos que integran la Administración Pública, sino a todos los que forman parte del sector público, lo que ha sido fruto de las presiones de las instancias comunitarias y mercados financieros, siguiendo la misma dinámica operada en otros países europeos durante la crisis económica que han sido objeto de rescate financiero.

El Comité Confederal muestra su más absoluto rechazo a las políticas de desmantelamiento del servicio público y de desprecio a la figura del empleado público y a quienes desarrollan tareas en el sector público, y exige el reconocimiento de su dignidad profesional y su papel como soporte de las prestaciones y servicios al ciudadano. Rechaza, igualmente, la política de debilitamiento de los servicios públicos en cuanto condena a amplios sectores de la ciudadanía a la precariedad y a la falta de protección, y hace un llamamiento a la movilización ciudadana en la defensa de los servicios públicos.

El Comité Confederal hace extensible este reconocimiento a los trabajadores de los servicios públicos prestados por entidades privadas mediante los mecanismos de gestión indirecta, que ven peligrar sus puestos de trabajo por las reducciones en el gasto público, lo que hace que el número de los afectados por esta políticas de ajuste sea más elevado.

Por todo ello, el Comité Confederal convoca a los trabajadores y trabajadoras, a los empleados y empleadas del sector público y de los sectores y empresas vinculadas a este sector, y la ciudadanía en general, a que se movilicen en defensa y promoción del empleo y del servicio público, como garantía y pervivencia de las prestaciones del Estado Social y Democrático de Derecho.

LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR SON CONTRARIAS A LOS POSTULADOS DEFENDIDOS DURANTE LA LEGISLATURA ANTERIOR, LA CAMPAÑA ELECTORAL Y LAS PROCLAMACIONES OFICIALES DE SUS MÁXIMOS RESPONSABLES

6.- El Comité Confederal ha analizado críticamente la discordancia notable entre las promesas electorales y los anuncios del Partido Popular proclamados insistentemente antes de ganar las elecciones generales del día 20 de noviembre de 2011, y las medidas adoptadas por el Gobierno en el escaso tiempo transcurrido desde que desarrolla sus funciones, tanto respecto de la orientación de las políticas públicas destinadas al recorte del déficit público, a las que se opusieron con rotundidad en la oposición durante la última legislatura, como sobre los niveles de protección social y derechos económicos y sociales durante la crisis económica, después de oponerse con fruición a las iniciativas desarrolladas por el Gobierno anterior, o en materia de política fiscal, sobre lo que apuntaron su pleno rechazo al incremento de las medidas de aumento de la recaudación ordenadas con anterioridad, o en materia laboral, negando que fueran a suprimirse derechos laborales básicos.

El Partido Popular anunció la mejora de la actividad económica y del empleo, y sus medidas están conduciendo a la prolongación de la crisis económica y al incremento del desempleo. Abanderó su plena autonomía e iniciativa respecto de las políticas restrictivas impulsadas por la Unión Europea y las instancias financieras internacionales, y está empleándose con entusiasmo en seguir las orientaciones sobre estabilidad presupuestaria impulsadas por la Comisión, el Consejo, el Banco Central Europeo, y el tándem constituido por los gobiernos alemán y francés. Prometieron garantizar la mejora de las pensiones y de los servicios sociales básicos, y los ciudadanos han visto mermadas las cuantías de sus prestaciones sociales a los pocos días desde que ejercen tareas de gobierno. Se manifestaron a favor del Estado de Bienestar y de los servicios públicos esenciales, y el recorte del gasto público se centra en sustraer recursos en la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos en la Sanidad, la Educación, en las prestaciones de la Ley de la Dependencia y en los servicios sociales. Criticaron en su día las medidas de ajuste relacionadas con el empleo público, y congelan ahora sus remuneraciones, aprueban una tasa cero de reposición de efectivos, disminuyen sus derechos profesionales y facilitan que los empleados públicos puedan ser despedidos. Se pronunciaron en contra de medidas fiscales de mejora de los recursos de la hacienda pública y aprueban una subida de impuestos al margen de los principios de suficiencia, equidad y capacidad fiscal. Negaron toda intención de reducir derechos en materia laboral, y aprueban la reforma laboral más regresiva de toda la historia de la democracia.

El Comité Confederal considera que tales actitudes constituyen una vulneración de las expectativas del electorado sobre las teóricas propuestas a desarrollar por los distintos partidos que concurrieron a las elecciones generales, y en particular respecto de la opción que resultó ganadora por mayoría absoluta en las elecciones generales. El desencuentro radical entre programas y promesas electorales y la acción de gobierno conducen a la perdida de confianza ciudadana en quienes ocultan sus reales intenciones y deseos en evitación de que la publicidad de sus planteamientos pudiera afectar a sus perspectivas electorales. Para una mayor legitimación de las medidas adoptadas en la práctica por el Gobierno hubiera resultado necesario contrastar el nivel de apoyo ciudadano a los incesantes, y reiterados sacrificios que se demandan de la ciudadanía. Habiéndose evitado el contraste de pareceres al electorado en el momento que hubiera sido oportuno, el Gobierno debería considerar la conveniencia en recabar la conformidad real de los electores sobre la adopción de decisiones que no han sido debatidas hasta el momento, como lo es la política de ajuste del déficit en detrimento del crecimiento económico y del empleo, y en perjuicio del Estado de Bienestar, o como es la reforma laboral emprendida. Ello permitiría ajustar la legitimidad teórica de los resultados electorales con la opinión fundada de quienes por, desconocer tales alternativas, pudieron haber cambiado de opción en el proceso electoral.

LA REFORMA LABORAL IMPUESTA DEGRADARÁ LAS CONDICIONES DE TRABAJO, DARÁ UN PODER ABSOLUTO AL EMPRESARIO PARA EL GOBIERNO DE LAS RELACIONES LABORALES, DESMANTELARÁ LAS INSTITUCIONES COLECTIVAS DEL DERECHO DEL TRABAJO, Y HARÁ A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA MÁS POBRE Y DESIGUAL

7.-Se han hecho realidad, y sobrepasado ampliamente, las potenciales amenazas para los derechos de los trabajadores que fueron analizadas en el Comité Confederal Ordinario de 23 y 24 de noviembre de 2011. Décadas de lucha y esfuerzo en la mejora y protección del ordenamiento laboral han sido tirados por la borda por la decisión arbitraria del Gobierno del Partido Popular. El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, “de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo” ha supuesto la mayor involución en el derecho del trabajo que ha conocido toda la etapa democrática, y la acción política de los distintos gobiernos que se han sucedido en España desde 1978. El derecho laboral ha perdido su carácter tuitivo y protector del trabajador frente al poder de dirección del empresario, que gracias a esta reforma se convierte en un poder absoluto sobre la definición de los derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo, que puede modular a su antojo. De ser el Estatuto de los Trabajadores un marco legal garantista de los derechos laborales, y limitativo de las facultades discrecionales del empresario en la ordenación de la actividad laboral, ha pasado a definir las prerrogativas del empresario para modificar a su libre voluntad el contenido de las condiciones de trabajo y para adoptar unilateralmente la decisión sobre el mantenimiento o extinción de la relación laboral.

El Comité Confederal ha analizado el grave retroceso experimentado en el Derecho del Trabajo como consecuencia de la reforma laboral impuesta a la sociedad española, sin negociación previa, y sin la más mínima consulta que hubiera exigido razonablemente el papel central que la Constitución atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales, en su Título preliminar, para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, en un tema nuclear como es la definición del Estatuto de los Trabajadores, y el marco legal sobre la negociación colectiva, a la que se atribuye constitucionalmente el valor de norma e impone la fuerza vinculante de los acuerdos adoptados por los interlocutores en los sectores y en las empresas.

Si en las múltiples y sucesivas reformas del Estatuto de los Trabajadores que se han llevado a cabo durante la democracia, se ha intentado mantener el equilibrio entre los intereses y posiciones de los trabajadores y de las trabajadoras con los intereses y posiciones empresariales, la reforma del RD-ley 3/2012 ha sido la que con mayor énfasis ha incorporado, de manera exclusiva, las propuestas y reivindicaciones de una sola de las partes: las del empresario. En el debate sobre “flexiseguridad”, o sobre la flexibilidad a favor de las empresas en la prestación del trabajo, y la seguridad a favor de los trabajadores, la reforma no ha atendido a otro interés que conferir al empresario amplias facultades para la ordenación del tiempo de trabajo, de las funciones y el régimen de movilidad funcional, de la movilidad geográfica, de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, y del despido.

El Comité Confederal considera que la reforma laboral emprendida lejos de garantizar el mantenimiento o la creación de empleo, o de resolver los problemas sobre temporalidad o segmentación del mercado de trabajo a los que ha llevado las carencias de nuestro modelo productivo, va a incidir en la precariedad en el empleo, en la degradación de las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras, y de manera particular, en la rebaja de los salarios por decisión discrecional del empresario, en el incremento de la desigualdad en las condiciones de trabajo, en la dispersión de la negociación colectiva que llevará a la falta de cohesión social y territorial, y en la competencia en el mercado marcada por prácticas de “dumping social”. Como reiteradamente ha venido manteniendo esta organización, el empleo estable y de calidad no podrá obtenerse por la vía de debilitar las instituciones colectivas del trabajo y de reducir los derechos laborales, sino mediante el cambio de modelo productivo articulado en las propuestas que reiteradamente se viene trasladando por el sindicato a los poderes públicos. Esta reforma, cuando las condiciones económicas faciliten la creación de empleo, hará que éste sea precario y sin derechos.

Se han valorado positivamente las movilizaciones desarrolladas por la organización en contra de las políticas desarrolladas por el Gobierno, y en particular, contra la reforma laboral, y analizado el éxito de las manifestaciones, especialmente de las celebradas con fecha 19 de febrero de 2012, y demás acciones de protesta desarrolladas en contestación de estas iniciativas gubernamentales

El Comité Confederal ha considerado que el RD-ley tiene como objetivo esencial impulsar los mecanismos de ajuste y adaptación de las empresas a las circunstancias de la coyuntura económica, a través del despido. A este respecto, se ha analizado la posibilidad de que el empresario se desvincule del contrato durante el período de un año de prueba del nuevo contrato indefinido de apoyo al emprendedor, sin alegar causa alguna, y sin abonar ningún tipo de indemnización (además resulta criticable esta modalidad contractual porque incentiva, exclusivamente, la contratación de los desempleados que estén percibiendo una prestación por desempleo). Ha valorado, igualmente, la automaticidad de las causas que justifican ahora el despido colectivo, incluso en empresas con beneficios, la supresión de los mecanismos de intervención de la Autoridad Laboral en la revisión de los acuerdos alcanzados en las fase de consulta con la representación legal de los trabajadores, cuya intervención, por otra parte, queda plenamente disminuida, y la reducción de las facultades de revisión de las decisiones empresariales de despido por parte de los jueces y tribunales de Justicia. Se ha revisado las medidas que reducen las cuantías de las indemnizaciones por despido improcedente y la supresión de los salarios de tramitación. Se ha analizado, también, las amplias facultades conferidas al empresario para la extinción objetivo del contrato basado en la causa de absentismo laboral, por el mero hecho de caer el trabajador o trabajadora en enfermedad. En términos generales se puede afirmar que el RD-ley otorga patente de corso al empresario en el gobierno de las condiciones laborales e institucionaliza de facto el despido libre y barato en plena fase recesiva, toda una invitación a insistir en la destrucción de empleo como único método de ajuste en época de dificultades.

En la ordenación de las instituciones de flexibilidad interna, el Comité Confederal considera que el RD-ley no ha tenido otra pretensión que incrementar las facultades empresariales de modificación de las condiciones de trabajo en contra de la opinión e intereses de los trabajadores afectados. Ocurre en materia de distribución del tiempo de trabajo de manera irregular, en cuanto a los principios que permiten la modificación de las funciones o tareas del grupo profesional de pertenencia, en la aplicación de la movilidad geográfica en la que se ha suprimido la intervención de la Autoridad Laboral, y principalmente en cuanto a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que a partir de ahora el empresario podrá libremente imponer en contra de la voluntad de los trabajadores o de la representación legal de los mismos en los casos de modificación de carácter colectivo. Preside también aquí el principio de automaticidad de las causas y se faculta al empresario para poder promover la desvinculación de lo acordado en un convenio colectivo del Título III del Estatuto de los Trabajadores mediante la institución de la inaplicación de las condiciones de trabajo que amplía la clásica clausula de descuelgue salarial, para lo que bastará dos trimestres consecutivos de bajada de ingresos, y a falta de acuerdo se impondrá, cumplidos los trámites sobre solución autónoma de conflictos, un arbitraje administrativo obligatorio. Por otra parte, el RD-ley pretende desincentivar el papel de las comisiones paritarias en la gestión y gobierno de los convenios.

Se ha valorado, seguidamente, la insuficiencia de las medidas en materia de contratación laboral recogidas en la reforma, aparte de la valoración específica sobre el nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores que ya se ha hecho, en cuanto no resuelve los problemas de los que adolece el marco legal, y empeora la regulación de los contratos formativos y de aprendizaje, sobre los que se sucede la tercer reforma legal en el corto período de dos años (RD-ley 10/2010 y Ley 35/2010; RD-ley 10/2011 y RD-ley 3/2012) posibilitando el encadenamiento sucesivo de estos contratos por la simple circunstancia de cambiar de actividad u ocupación en la misma empresa, condenando por ello a los jóvenes hasta los 30 años de edad a contratos de esa naturaleza, e introduce nuevos elementos de flexibilidad en el contrato a tiempo parcial, que lo hace más injusto, al permitir la realización de horas extraordinarias. Ofrece una regulación insuficiente sobre el teletrabajo, que es más un contrato a domicilio actualizado. Y no resuelve el fraude en el encadenamiento de los contratos temporales.

El RD-ley supone un retroceso en el principio de igualdad, y de manera especial en la regulación de los permisos que conforme a la legislación anterior, posibilitaban la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Asimismo, la reforma legal desvirtúa y debilita hasta extremos insospechados, la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y la institución del convenio colectivo, al privar a los convenios y acuerdos interprofesionales y sectoriales de carácter estatal y autonómico, la ordenación, vertebración y articulación de la negociación colectiva. La prohibición establecida en la ley de que aquellos tipos de acuerdos y convenios puedan ordenar la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, no solo supone una violación de la autonomía colectiva, y de la misma libertad sindical, sino que perjudicará notablemente la fijación ordenada y cohesionada en el Estado de las condiciones de trabajo que permitan garantizar el principio de igualdad, y la competencia leal entre las empresas. La supresión de la prórroga normativa de la vigencia de los convenios durante su renovación y después de su denuncia, afectará al principio de seguridad jurídica, provocará la individualización de las condiciones de trabajo y será fuente de incontables conflictos laborales.

Además, el Comité Confederal manifiesta su más absoluto rechazo al desprecio del Gobierno del Partido Popular sobre el contenido de los Acuerdos alcanzados recientemente entre las organizaciones sindicales y patronales más representativas, como son el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y el V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos, que han resultado afectados en su eficacia y plena virtualidad por el RD-ley. Resulta particularmente censurable que cuando las organizaciones citadas se pusieron de acuerdo en las recomendaciones sobre la negociación colectiva, de conformidad y en desarrollo del marco legal vigente, en materia de estructura y vertebración de la negociación colectiva, de flexibilidad interna (a través de las figuras ordinarias y extraordinarias de flexibilidad sobre tiempo de trabajo, funciones y régimen salarial) y de inaplicación de las condiciones de trabajo, además de adaptar las previsiones de los acuerdos de solución extrajudicial de conflictos a nivel estatal a los mandatos del anterior RD-ley 7/2011, el Gobierno haya decidido modificar el marco legal de manera que hace prácticamente inaplicables los acuerdos alcanzados sobre aquellas materias. Lejos de impulsar el Diálogo Social, el Gobierno del Partido  Popular pasará a la historia del Derecho del Trabajo como el Gobierno de la imposición y del desprecio al diálogo y al acuerdo.

El Comité Confederal ha analizado las propuestas e iniciativas desarrolladas por la Comisión Ejecutiva Confederal para la apertura de negociaciones que posibiliten la modificación del RD-ley, incluyendo las reuniones técnicas celebradas en el Ministerio de Empleo sobre los motivos de disconformidad sindical respecto de esta reforma, así como las alternativas propuestas por la organización con el carácter de enmiendas que se han trasladado al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, y que hasta la fecha no han merecido una respuesta por parte de las instancias gubernamentales, ni a aquellas propuestas, ni a las reiteradas demandas de negociación formuladas por las organizaciones sindicales, por lo que, atendiendo a las razones expuestas en la presente resolución, el Comité Confederal mandata a la Comisión Ejecutiva Confederal para que reitere los planteamientos de negociación dirigidos al Gobierno sobre la modificación del RD-ley, y para que proceda a la convocatoria de una huelga general en contra de las políticas adoptadas por el Gobierno a desarrollar el día 29 de marzo de 2012.

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