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Domingo, 22/07/2018
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Suspender el límite al encadenamiento de contratos temporales es apostar directamente por la temporalidad, el empleo de mala calidad y con menos derechos

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, critica el anuncio de una medida que los sindicatos han conocido esta misma mañana

24/08/2011 | UGT

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha rechazado la suspensión, en dos años, al límite de encadenamiento de contratos temporales, pues esta medida “es apostar, directamente, por la temporalidad, por el empleo de mala calidad y con menos derechos”. Ferrer ha confirmado que los sindicatos desconocían esta propuesta hasta esta mañana, cuando se ha recibido el último borrador del real decreto que el Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros.

Ferrer ha recordado que el límite al encadenamiento de contratos es fruto de un acuerdo tripartito alcanzado por las organizaciones sindicales, las organizaciones patronales y el Gobierno, en el año 2006, en el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo. Un acuerdo que pretendía “potenciar la contratación estable, la contratación indefinida y limitar y reducir la contratación temporal, sobre todo la contratación temporal abusiva”.

Estamos “ante una medida aparentemente contradictoria e incoherente”, porque no se entiende que, por un lado, el Gobierno pretenda suspender, durante dos años, el límite al encadenamiento de contratos temporales y, por otra parte, fomente la conversión de contratos temporales en contratos de fomento de empleo, de carácter indefinido.

Contrato de formación y contrato a tiempo parcial

Ferrer considera que el contrato de formación y aprendizaje es una modalidad de contratación adecuada dado que el paro juvenil está en el 43%, el doble que la tasa de paro general, no obstante, la regulación de esta modalidad debe reforzarse en línea con los planteamientos sindicales. Es decir, “nuestro sistema educativo de formación profesional debe de adoptar un sistema dual que combine la formación en los centros escolares, con el trabajo en las empresas”. Sin embargo,” la medida del Gobierno sólo habla de contratación, pero el sistema de formación no se adapta en esta línea”.

Asimismo, el sindicato rechaza que se eleve a 30 años la edad para acceder a este tipo de contratos, pues “la edad de 25 años, que tiene un carácter transitorio, que termina este año, ya es elevada”.

Respecto al contrato a tiempo parcial, que finalmente parece que no se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes, Ferrer ha dicho que es positivo que se retiren algunos de los aspectos de la regulación que se contemplaba, como dar mayor poder discrecional al empresario, a través de la distribución de la jornada laboral, sin embargo el Gobierno se había comprometido a reforzar la protección social de esta modalidad. Aparte de los bajos salarios uno de los problemas que tiene el tiempo parcial es que tiene menos protección social. Ferrer ha aclarado, “se planteaba transitoriamente, durante dos años, el subir el coeficiente multiplicador a efectos de pensión o a efectos de invalidez del 1,5 al 1,75 y ahora tampoco aparece, algo que no nos parece justo en ese terreno”.

Sí a una reforma fiscal global, no “al picoteo fiscal”

Para Ferrer, tanto las medidas aprobadas en el anterior Consejo de Ministros como en el próximo son parciales y no atienden al objetivo de priorizar el empleo en la política económica. Así, algunas son positivas pero insuficientes como el Plan Prepara y otras no tienen ningún sentido como la suspensión al límite de encadenamiento de contratos. Además, tampoco responden a la carta remitida por los Secretarios Generales de UGT y CCOO al Presidente del Gobierno. En este sentido, Ferrer ha manifestado que “los trabajadores estamos siendo responsables con la crisis pero lo que se requieren son compromisos empresariales de moderación de beneficios y precios y se requieren también políticas públicas para fomentar la recuperación económica y el empleo”.

Ha señalado que “en España hace falta una fiscalidad global y de conjunto, de carácter equitativo y progresivo, en la que las rentas altas y de capital contribuyan en función a sus ingresos. Lo que no se puede hacer es un picoteo fiscal, crear una figura ahora y quitarla mañana, con estas ideas veraniegas no se soluciona la situación. Además, reforzar los ingresos es una pieza fundamental para reducir el déficit”.

Ferrer ha vuelto a reiterar que la reforma constitucional para limitar el déficit es un tema “de suficiente calado como para que la ciudadanía fuera consultada en referéndum. Es una medida de dudosa viabilidad y éxito, con lo que no tiene sentido consagrarla con naturaleza constitucional. Lo único que se van a introducir son elementos de riesgos en el presente y en el futuro y van a producir problemas en el crecimiento económico, en la creación de empleo y en el mantenimiento del Estado de Bienestar en nuestro país”.

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