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STC 121/2011, de 26 de septiembre | BOE 26 de octubre de 2011

¡Tómalo! Tuyo es…, mío no

16/05/2012 | Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Ponente:

  • Francisco Pérez de los Cobos

Voces

  • Delimitación por ley ordinaria de competencias entre los órdenes social y contencioso-administrativo

Supuesto:

Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía (Sevilla), en relación al art. 23 de la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, que dio nueva redacción al art. 3.1.b/ de la extinta LPL, atribuyendo al orden contencioso-administrativo el conocimiento de las reclamaciones sobre encuadramiento de un trabajador en el régimen de la Seguridad Social; por su posible contradicción con el art. 122.1 CE, en relación con los arts. 81.1 y 2 CE y 9.4 y 5 LOPJ.

Criterio:

Recoge el TC su doctrina sobre la determinación de las competencias de los distintos órdenes jurisdiccionales (fj 3): a/ las reservas de ley orgánica son únicamente aquellas expresamente establecidas en los arts. 81.1 y conexos CE; b/ la reserva a favor de la LOPJ que deriva del art. 122.1 CE comprende, en lo que interesa a la cuestión planteada, la institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de conocimiento litigioso; c/ cabe que el legislador ordinario concrete las materias objeto de conocimiento de los distintos órdenes jurisdiccionales; d/ se concluye que la LOPJ establece criterios generales de atribución y las leyes ordinarias concretan esos criterios en cada ámbito específico, primordialmente a través de las normas procesales de cabecera de los distintos órdenes (LEC, LECr, LJCA y LPL, ahora LRJS); y e/ las reglas de competencia judicial establecidas por el legislador no tienen porque adecuarse a la definición o interpretación doctrinal.

Reconoce el TC la concurrencia de espacios de intersección o zonas grises entre los órdenes social y contencioso-administrativo, cuyo máximo exponente es el marco de la Seguridad Social, de manera que la concreción mediante ley ordinaria de la genérica delimitación de competencias entre estos órdenes contenida en la LOPJ (art.9.4 y 5) constituye un supuesto de colaboración constitucionalmente no solo lícita entre la ley orgánica y la ordinaria, sino necesaria en aras al principio de seguridad jurídica. Se desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada. La previsión del art. 3.1.b/ LPL que atribuía la competencia al orden contencioso-administrativo en materia de encuadramiento en la Seguridad Social, se contiene ahora en el art. 3.f/ de la nueva LRJS.

Reitera criterio:

SSTC 224/1993, de 1º de julio; 254/1994, de 15 de septiembre; 259/1995, de 26 de septiembre; y 292/1997, de 22 de julio.

Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

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