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ENSEÑANZA

UGT considera que el informe de propuestas de reforma universitaria constituye una agresión al sistema universitario público

Expertos en derecho constitucional cuestionan la viabilidad jurídica y constitucional del texto

26/02/2013 | UGT ı Nota de prensa

UGT rechaza el informe de “Propuestas de reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” elaborado por una comisión de expertos, por constituir una agresión al sistema universitario público, atentar contra la autonomía universitaria y su libertad de cátedra, privatizar el personal utilizando criterios empresariales o eliminar las becas apostando por los préstamos a estudiantes, entre otras cuestiones. El sindicato considera necesaria una modernización de las universidades, con una mayor implicación de la sociedad en la misma, por lo que defiende unas reformas universitarias fruto del consenso, no dependientes de cambios ideológicos. Por ello, UGT exige al Gobierno la retirada de este informe y la convocatoria urgente de la Mesa de Diálogo Social en esta materia, con el fin de mejorar la gestión universitaria para poder garantizar la igualdad de oportunidades y accesibilidad a los estudios por parte del alumnado, con independencia de su situación socieconómica.

Dos de los nueve miembros que conforman el grupo de expertos que han elaborado este informe, y que son expertos en derecho constitucional, plantean dudas, reflejadas en una addenda, sobre la viabilidad jurídica y constitucional de los Capítulos I. Selección del Personal Docente e Investigador (PDI) de las Universidades Públicas, y el Capítulo III. Sobre el Gobierno de las Universidades.

En el caso del Capítulo I, la tendencia hacia la desfuncionarización por la contratación directa supone un riesgo para la independencia investigadora y docente del profesor contratado, al no disponer éstos de la libertad de cátedra que sí le otorga la Constitución al profesor funcionario. También se cuestiona el modelo de acceso y acreditación.

En el Capítulo III, las dudas que plantean estos juristas son se refieren a si ciertas recomendaciones que se plantean en el documento no colisionan con el derecho fundamental de la autonomía de las universidades, de tal forma que los términos de la regulación de su ejercicio sólo puede establecerse por Ley. 

UGT manifiesta la necesidad de una modernización de las universidades, así como una mayor implicación de la universidad con la sociedad colaborando en el cambio de modelo productivo. Defendemos su autonomía y la necesidad de mejorar su gestión para poder garantizar la igualdad de oportunidades y accesibilidad a estudios universitarios al margen de la situación socioeconómica del alumnado.

UGT considera que este informe:

• Supone una agresión contra el sistema universitario público, ya que pretende sentar las bases para avanzar en las políticas privatizadoras del Gobierno

• Atenta contra la autonomía universitaria y su libertad de cátedra. Son muchas las dudas que plantea el texto sobre este principio constitucional, que ha permitido el desarrollo de una institución que ha contribuido al avance económico y social de nuestro país. 

• La financiación universitaria se plantea como un elemento en el que la iniciativa privada debe aumentar cuantiosamente. Las medidas concretas que se proponen son a costa de aumentar el peso de la empresa privada en el sistema universitario, así como ligar la financiación de las universidades a la obtención de resultados y a la empleabilidad de sus titulados, lo que puede suponer un suicidio económico para la mayoría de universidades españolas.

• Elimina el sistema democrático actual, tanto en los órganos unipersonales como en los colegiados. Incide en adoptar el modelo de la empresa privada como base del funcionamiento de la universidad. Pretende que el Consejo de la Universidad se convierta en el órgano máximo de decisión, que se construiría y funcionaría como el Consejo de Administración de una empresa, facultando a este órgano como el único para designar al rector. El rector debería reunir cualidades empresariales y no académicas. Pretende terminar con el sistema democrático actual por el que se eligen, además del rector, los decanos de los centros y los directores de los departamentos, dando un poder absoluto al rector para nombrar al resto de los órganos unipersonales de gobierno. Medida antidemocrática ya que los directores perderían su autonomía y pasarían a ser miembros del equipo empresarial del rector.

• Privatización del personal de universidades utilizando criterios empresariales en la contratación del profesorado, lo que supone también un criterio empresarial para la selección y contratación del profesorado.

• Desprecio de la función docente. Claramente, molestan los funcionarios porque su libertad de cátedra los libera de sumisiones políticas e ideológicas. Se presenta la contratación directa de profesorado, sin acreditación nacional, con sueldos ‘a medida’ y una mera entrevista para su selección. No podemos entender cómo se puede afirmar, por una parte, que existe endogamia universitaria y, por otra, proponer que se solucionaría fomentando las contrataciones a dedo, sin olvidar que, en caso de reestructuración de plantillas, los primeros despidos son siempre los contratados laborales.

• Desprecio absoluto a la labor del Personal de Administración y Servicios. Un informe que apenas dedica unas líneas a estos profesionales, que puede ocultar oscuras intenciones de privatización a través de empresas de servicio. En todo caso, su peso y su representatividad quedan notablemente reducidos.

• Una vuelta al pasado (LOU) en el sistema de habilitación nacional. El nuevo procedimiento de habilitación retrocede a los tiempos en los que se podía ejercer el poder con absoluta impunidad, a pesar de haberse demostrado sobradamente su falta de viabilidad.

• Presenta un modelo de universidad descontextualizado, como el modelo anglosajón, que no tiene viabilidad en nuestro país, no conecta con la tradición y el contexto cultural, social, educativo y universitario europeo que tenemos como referencia.

• Presenta un diagnóstico erróneo sobre realidades de la universidad pública. Es necesario recordar que España cuenta con una universidad por cada 582.000 habitantes, frente a los 253.000 de Reino Unido. Además, en España se gradúa el 80% de los alumnos, lo que supone un indicador de eficiencia del sistema.

• Recomienda prevenir la endogamia. Es decir, pretende que no se contrate a nadie que se haya formado en la universidad contratante, salvo que haya estado fuera 36 meses. Asienta, por normativa, la posible destrucción de los equipos de investigación.

Pretende terminar con las becas apostando por los préstamos a los estudiantes, hipotecando de por vida a las familias, lo que supone un aumento de la inequidad, ya que no pueden acceder a éstas aquellos estudiantes que no tienen solvencia demostrada para devolverlas. Por tanto, un sistema mercantil, otro negocio para la banca, haciendo que la formación de las personas pasen a ser clientes en potencia si pueden pagarlo. En este sentido, para el sindicato es imprescindible “estimular el sistema de becas”, para “no marginar el talento y la capacidad”.

UGT defiende que las reformas en la Universidad tienen que ser fruto del consenso y no debe someterse a cambios ideológicos, si no a los cambios reales que necesita la sociedad actual. Por tanto, es necesaria una mayor inversión en Educación para que se posibilite la necesaria internacionalización de la Universidad, la apertura a los cambios de la sociedad a las tecnologías de la comunicación y a las alianzas estratégicas con el sector productivo.

Por ello, exigimos al ministro de Educación, José Ignacio Wert, la retirada de este informe y la convocatoria urgente de la Mesa Dialogo Social, con el fin de abordar las perspectivas del ámbito educativo en general y poder alcanzar un consenso en los temas que preocupan no solo a la universidad, sino también a la sociedad. Además, se debe garantizar la igualdad de oportunidades para que todo el alumnado pueda culminar sus estudios universitarios sin tener en cuenta su situación socioeconómica, abordando la necesidad de una mayor implicación de la universidad con la sociedad, de forma que los campus universitarios ayuden al cambio de modelo productivo que precisa este país. Asimismo, defendemos la no injerencia de los gobiernos en la autonomía universitaria y unas estructuras democráticas en su funcionamiento.

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