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Domingo, 27/05/2018
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UGT considera que el RD-Ley sobre la dación en pago deja a los afectados sin protección y en riesgo de exclusión social

12/03/2012 | ugt

UGT considera que las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, aunque positivas e interesantes, son claramente insuficientes.

El sindicato manifiesta que el alcance de las mismas será muy limitado por las restricciones de su ámbito de aplicación y dejará a la mayoría de los afectados de una ejecución hipotecaria sin protección y en riesgo de exclusión social.

UGT propone que la vivienda sobre la que se ejecuta la hipoteca se trate de una primera vivienda y que los deudores lo sean de buena fe. Es decir, que la incapacidad para el pago de las cuotas hipotecarias haya sobrevenido por una situación de desempleo, enfermedad, invalidez, etc., lo que evitará el temido efecto llamada.

El sindicato está de acuerdo con la regulación y la limitación de los intereses de demora, totalmente abusivos y los causantes en la mayoría de los casos de la quiebra de las familias, pero esta medida no puede aplicarse exclusivamente a las familias en el umbral de la exclusión social, sino para todos los créditos hipotecarios, porque estos intereses abusivos impiden a las familias hacer frente al pago de la hipoteca.

En cuanto a las medidas incluidas en el código de buenas prácticas, quedan condicionadas a la voluntad de las entidades financieras, lo que limita, si no anula, su alcance. Si el Gobierno cree que estas medidas son necesarias para este colectivo tan vulnerable, deberían regularse de forma legal. Además, en la comisión que controlará el cumplimiento de este código se echa en falta a la parte más interesada de que funcione, a los propios consumidores. Por ello, desde UGT consideramos indispensable que junto a la Asociación Hipotecaria Española, Banco de España, CNMV y Ministerio de Economía estén representados también los deudores a través del Consejo de Consumidores.

El sindicato propone también desde hace años la posibilidad de que todas las familias afectadas por un desahucio permanezcan en su vivienda en régimen de alquiler, ya que la medida aprobada por el Gobierno de poder acceder a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación pero sin poder permanecer en sus viviendas durante dos años es una medida insuficiente. Con esta medida, estas familias entrarán en exclusión social, ya que además de perder su vivienda se van a quedar con una deuda del 40% del valor de la misma con la entidad financiera, y además no van a tener derecho a permanecer en su vivienda en régimen de alquiler.

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