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Martes, 17/07/2018
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SALUD LABORAL

UGT considera que existe un subregistro de enfermedades profesionales ligadas al amianto

Comparecencia de Marisa Rufino en el Parlamento Vasco

17/04/2012 | UGT

La población total de trabajadores que ha tenido relación con actividades ligadas al amianto asciende a 22.158 trabajadores. De manera particular, en el País Vasco la cifra alcanza los 3713 trabajadores afectados, según datos ofrecidos esta mañana por la Secretaria de Salud laboral de UGT, Marisa Rufino, en una comparecencia ante el Parlamento Vasco por la creación del Fondo de Compensación del Amianto en Euskadi.

Se trata de trabajadores procedentes de sectores como la Industria Química, la metalúrgica, la construcción, la fabricación de vehículos a motor y remolques, venta, mantenimiento y reparación de vehículos a motor, o fabricación material ferroviario, entre otras.

El conjunto de trabajadores expuestos al amianto hasta diciembre de 2008, que se encuentran afectados por una patología relacionada, es de 817 trabajadores que se irán incrementando paulatinamente en el futuro a medida que se realicen nuevas declaraciones de enfermedades. Sin embargo, desde 2008, la cifra de enfermedades declaradas como profesionales vinculadas al amianto por el antiguo Ministerio de Trabajo acumuladas hasta 2011 es solamente de 117.

UGT considera que existe un subregistro de enfermedades profesionales ligadas al amianto y que, es necesario realizar urgentemente una corrección de la situación que muestran los datos para que se pueda diagnosticar con más precisión la realidad en la que nos encontramos y asignar debidamente los recursos económicos y médicos necesarios para paliar las necesidades de los trabajadores.

Además, el sindicato urge la realización de medidas planificadas, entre ellas la constitución de un fondo de compensación, que permitan dar satisfacción futura a las demandas que se produzcan en referencia a este tema.

Para UGT, la creación del Fondo de Compensación del Amianto en Euskadi sería un paso decisivo para la creación de un fondo en el ámbito estatal, que cubra las necesidades de los trabajadores afectados y sus familiares.

En base a experiencias en otros países, las responsables de Salud Laboral del sindicato se han mostrado partidarias de un fondo de gestión pública, con participación público/privada, financiada de forma proporcional por aportaciones derivadas del Estado, Comunidades Autónomas, Seguridad Social, mutuas y cotizaciones de empresas.

El sindicato ha recordado es necesario ir más allá de las buenas voluntades y aportar recursos y medios económicos precisos, que derivarían en consecuencias positivas para los damnificados por el amianto, como es la disminución de reclamaciones judiciales y el ahorro de crispaciones sociales.

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