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Jueves, 20/09/2018
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UGT demanda al Gobierno que ratifique el convenio de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores de hogar

Campaña de la OIT “12 para 12: 2012, leyes justas para las trabajadoras y trabajadores del hogar en 12 países”

12/12/2012

Hoy se celebra una movilización mundial promovida por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en el marco de la campaña “12 para 12: 2012, leyes justas para las trabajadoras y trabajadores del hogar en 12 países”, cuyo objetivo es conseguir que, al menos, 12 países ratifiquen el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadores y los trabajadores domésticos. UGT se suma a la movilización, reiterando la necesidad de que el Gobierno español ratifique el Convenio y se una a los países que ya lo han hecho. Una ratificación que no supondría ningún problema, puesto que desde el 1 de enero de 2012, con la entrada en vigor de la nueva regulación en materia laboral y de Seguridad Social, la legislación española es acorde con los contenidos del Convenio. 

Pero UGT quiere, además, aprovechar la celebración de esta jornada mundial para destacar algunos aspectos de este primer año de vigencia de la nueva regulación en materia laboral y de seguridad social para las empleadas y empleados del hogar. Un primer paso necesario para seguir mejorando sus condiciones de protección social y laboral hasta equipararlas con las del resto de trabajadores. Cualquier vuelta atrás será una involución intolerable. 

En Noviembre de 2012, se contabilizan 409.678 personas afiliadas al sistema especial de hogar; teniendo en cuenta que en diciembre de 2011 había 296.293 afiliados al régimen especial de empleados de hogar, el incremento durante este año ha sido superior al 27% (113.385 afiliados mas). Por tanto, el paso del régimen especial al régimen general que tuvo lugar en el periodo transitorio hasta el 30 de junio, ha sido satisfactorio. Una afiliación que, por otra parte, y a diferencia de lo que ocurre en el régimen general, no ha dejado de crecer en los últimos años, confirmándose que éste es un sector refugio en tiempos de crisis, principalmente para mujeres españolas y extranjeras. Otra razón para abordar aquellas cuestiones que faltan por resolver para que este trabajo realmente sea igual que cualquier otro, con los mismos derechos y obligaciones. 

El cambio en la regulación ha supuesto el incremento de los derechos de miles de trabajadoras, puesto que se trata de un sector altamente feminizado, garantizando la protección social, por primera vez, de aquellas personas que con la regulación anterior y por el número de horas trabajadas ni siquiera tenían obligación de ser afiliadas al sistema y de cotizar. De esta forma, hemos pasado de una situación de precariedad en el trabajo y en la protección social futura, a una mínima garantía de derechos que hemos de seguir mejorando. 

Pero UGT quiere también recordar y exigir al Gobierno el cumplimiento de compromisos contenidos en la regulación, además de mostrar la preocupación de nuestra organización por la precipitada y sesgada valoración que el Gobierno ha hecho del paso del régimen especial de la seguridad social al régimen general: 

El 1 de febrero de 2012 debía haberse constituido por el Gobierno un grupo de expertos tripartito compuesto por las Organizaciones Sindicales, Organizaciones Empresariales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social para elaborar un informe antes de 31 de diciembre sobre la viabilidad de establecer un sistema de protección por desempleo para esta actividad y de eliminar la figura de la extinción del contrato por desistimiento del empleador. Este grupo, pese a las reiteradas peticiones de las organizaciones sindicales, no se ha constituido. Por ello, UGT hace un llamamiento para que el Gobierno cumpla lo establecido en la normativa para abordar las cuestiones pendientes de la protección por desempleo y desaparición del desistimiento, materias que el sindicato considera necesarias para seguir avanzando en la equiparación de derechos, especialmente por lo que respecta a la protección por desempleo de las personas trabajadoras del hogar familiar. 

Antes de 31 de diciembre el Gobierno debe realizar, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales, una evaluación del impacto en el empleo, las condiciones de trabajo, la protección social y el impacto de género que ha supuesto la nueva regulación. Una evaluación que sigue pendiente, puesto que la comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad Social ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de ningún modo puede considerarse cumplimiento de esta obligación establecida por el RD 1620/2011. La evaluación realizada por el Secretario de Estado el 1 de octubre se centró en un balance de la integración del régimen especial de empleados de hogar en el régimen general, balance precipitado, sesgado y alejado de la realidad, a juicio de UGT, y cuyas conclusiones parecían tener como único objetivo justificar una posible involución al sistema anterior. En este sentido, queremos recordar que la integración del Régimen Especial en el Régimen General se hizo en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobado por el Congreso de Diputados en el año 1995. 

UGT ha solicitado reiteradamente al Gobierno, que se ha de revisar la normativa de extranjería, construida sobre la base de la regulación anterior del servicio del hogar familiar, para adecuar determinados procedimientos a la nueva regulación (autorizaciones iniciales de trabajo y residencia, renovación de las autorizaciones de trabajo, reagrupación familiar, arraigo social…). Nos preocupa la situación, especialmente de las mujeres extranjeras no comunitarias empleadas de hogar, que por los desajustes entre la regulación de extranjería y la del empleo domestico pueden ver dificultada la renovación de sus autorizaciones y, en el peor de los casos, perderlas quedando en situación administrativa irregular. A esto hemos de añadir que el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, tiene una incidencia especial en las personas que trabajan en el servicio del hogar familiar que pueden perder su acceso a las prestación de asistencia sanitaria por el hecho de quedarse sin empleo.

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