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Lunes, 23/07/2018
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Rompen el principio de solidaridad, profundizan en el repago y renuncian a la universalidad del SNS

UGT demanda la retirada las propuestas presentadas al Comité del Sistema Nacional de Salud sobre cobertura sanitaria para no asegurados y transporte sanitario no urgente

25/09/2012 | UGT

El Gobierno continúa su senda de romper el actual modelo sanitario público y universal, quiebra el principio de solidaridad del sistema y profundiza en el repago de los servicios que con anterioridad se cubrían con los impuestos que pagamos los contribuyentes. Esta es la línea que sigue la Orden para establecer el convenio especial a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias y el Proyecto de Orden para transporte sanitario no urgente del SNS, que el ejecutivo expuso ayer en la reunión del Comité del Sistema Nacional de Salud y que previsiblemente remitirá el próximo 3 de octubre al Consejo Territorial. 

En el primer caso, el Gobierno profundiza en sus contradicciones cuando pide a la ciudadanía que arrime el hombro para superar la crisis y, por otro lado quiere, conformar un Sistema Nacional de Salud insolidario y excluyente, que pide que se compre la asistencia sanitaria y renuncia a la universalidad del sistema. En el nuevo modelo que se plantea no todos los ciudadanos somos iguales. 

Para UGT, el Convenio Especial para las personas no aseguradas ni cubiertas por el Sistema resulta: 

  • Insuficiente (sólo cubrirá parte de las prestaciones) exclusivamente contempla, la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública). No comprende la cartera suplementaria y la de servicios accesorios: prestaciones como la farmacéutica, ortoprotésica, productos dietéticos, servicios de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico etc. el proyecto de Orden tampoco aclara qué ocurre si los firmantes de este “convenio especial” precisan de alguna de estas prestaciones. 
  • Incompleto. No regula ni la periodicidad del pago, ni los plazos de vigencia. Lo deja en manos de las CCAA. No especifica qué documento acreditará la condición de suscriptor del Convenio y cómo será gestionada por los centro sanitarios. 
  • Rompe la universalidad. No sólo porque ya todos los ciudadanos no tendrán derecho a la sanidad pública, sino porque las prestaciones se darán con distintas condiciones, ya que habrá tantos tipos de Convenios como CCAA, más INGESA (Ceuta y Melilla) y se darán diferencias entre extranjeros comunitarios y extracomunitarios. No tiene encaje en la regulación general de los convenios especiales de la Seguridad Social. 
  • Es inoperativo. Obliga a una espera de un año para poder realizarlo, sin dar posibilidades durante ese año para acceder a las prestaciones sanitarias públicas distintas a la urgente; y por otra, obliga a gastar inadecuadamente (ante la imposibilidad de acceder a otro tipo de prestación se utilizará los servicios de urgencias durante ese periodo para patologías no urgente). Se obliga a suscribir este “convenio especial” pero no tendrá derecho a la tarjeta sanitaria. Al parecer se pretende que sea suscrito por los extranjeros en situación administrativa irregular (y en el caso de que lo hagan antes de 31 de diciembre, tendría efectos retroactivos a 1 de septiembre). 

Transporte sanitario no urgente 

Con respecto a la última propuesta del gobierno sobre el transporte sanitario no urgente, consolida la reducción de las prestaciones, hace pagar más al enfermo y supone un gasto inasumible, especialmente para los enfermos crónicos y para sus familias, que agravará su situación clínica y social, sustancialmente para los colectivos más desprotegidos, los pensionistas etc. 

Provocará que enfermos sometidos a hemodiálisis o aquellos que han sufrido enfermedades neurológicas como un ictus, entre otras, y tienen que utilizar este sistema de manera habitual y continuada, deberán satisfacer el repago de todos sus traslados en ambulancia para recibir tratamiento, 624 desplazamientos anuales; gastos de transporte sanitario en muchos casos pueden ser superiores a una media del 25% del salario. Por ejemplo, un enfermo hemodializado tiene que asistir 3 días a la semana con dos traslados por día (ida y vuelta- domicilio/hospital). Esto supone una media de 25 traslados mensuales, 300 traslados anuales. Si tenemos en cuenta que cada traslado puede tener un coste de 30 € (cálculo para un traslado de 37 km en la Comunidad de Galicia). Para una persona con unos ingresos de 18.000 euros mensuales (un mileurista), tendría que hacer frente a un gasto por transporte sanitario de 4.500 €, el 25% de sus retribuciones. 

Por último, la propuesta de Proyecto de Orden además es confusa e inconcreta. Diferencia entre transporte urgente y no urgente, pero hay que tener en cuenta que situaciones que pueden parecer urgentes algunas veces no lo son y, en otras ocasiones, ocurre al revés. Esto provocará multitud de problemas a los profesionales encargados de decir qué tipo de transporte es el que se requiere. Tampoco queda claro qué ocurre con los desplazamientos entre Comunidades Autónomas, ya que ni son traslados urgentes (generalmente se realizan con enfermos estabilizados), ni son traslados no urgentes, ya que se realizan por razones de gestión (atribuir el gasto a la Comunidad Autónoma de origen del enfermo). 

El Ministerio argumenta que la presente orden ministerial se dicta para garantizar el sostenimiento de sistema y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Es falso que nuestro Sistema no sea sostenible, es uno de los mejores sistemas sanitarios de los países desarrollados. UGT ha solicitado la retirada inmediata de las diferentes Ordenes, porque supone un cambio en profundidad del modelo de Sistema Nacional de Salud que los ciudadanos españoles habíamos conquistado en los años de democracia, son muchos los aspectos esenciales que se modifican y que afectan a las garantías de los derechos de los ciudadanos, a los criterios de acreditación del derecho a la asistencia sanitaria, que deja de ser universal, y a la ordenación de las prestaciones. Implanta otro modelo sanitario que no es otro que el tan ansiado por el Partido Popular.

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