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Lunes, 23/07/2018
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UGT demanda un plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral

Algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno pueden hacer aún más invisibles las situaciones de trata de seres humanos

21/09/2012 | UGT

UGT, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Seres humanos, que se celebra este domingo 23 de septiembre, demanda un plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, máxime cuando algunas de las medidas adoptadas por este Gobierno pueden contribuir a la falta de detección de las victimas de trata de seres humanos, sexual y/o laboral.

El sindicato, que denuncia la despreocupación del Ejecutivo en esta materia, considera necesario dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de criterios técnicos y humanos para detectar las situaciones de explotación laboral, una protección eficaz de las victimas de explotación sexual y laboral y la adopción de medidas para acabar con la tolerancia social.

El informe presentado en el día de ayer por la Defensora del Pueblo “La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles” presenta una serie de conclusiones que se resumen en la falta, aún, de mecanismos eficaces de detección, identificación de las víctimas y protección de las mismas y en consecuencia de las posibilidades de acabar con quienes comercian con seres humanos. La tolerancia social con esta forma de esclavitud, que en el caso de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución de mujeres y niñas constituye una de las formas más graves de violencia contra las mujeres, es sin duda, uno de los principales obstáculos para visibilizar a las víctimas y luchar contra este delito que supone una vulneración de derechos humanos fundamentales. 

La situación más preocupante es la descrita en el caso de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, la más invisible de todas, y la más difícil de detectar. Desde el punto de vista de UGT, por una despreocupación voluntaria de los Ministerios competentes, que no solo mantienen en un cajón, desde hace dos años, el Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, elaborado con la participación de todas las instituciones implicadas, incluidos los Interlocutores Sociales, sino que en todas las medidas y cambios normativos habidos en el último año en torno a la economía sumergida, se niegan a reconocer y abordar la explotación laboral, se produzca esta o no en el marco del delito de trata de seres humanos. La trata con fines de explotación sexual de mujeres, niñas y hombres, y su elemento coadyuvante, la prostitución, por otra parte, cuentan con otro obstáculo, la normalidad con la que convivimos y aceptamos este comercio de seres humanos. 

En este día, UGT quiere reiterar una serie de propuestas y llamar la atención sobre las consecuencias que normas aprobadas recientemente pueden tener sobre las víctimas, empeorando la situación descrita por la Defensora del Pueblo: 

  • Necesidad de que se apruebe el Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral 
  • Es preciso que la Inspección de trabajo y Seguridad Social, cuente con criterios técnicos para poder hacer frente y actuar adecuadamente, tanto en los casos de trata de seres humanos sea con fines de explotación sexual o laboral, como en los supuestos de explotación laboral, y que le permitan detectar estas situaciones, aspecto en el que las Organizaciones Sindicales hemos de ser un cooperador necesario. 
  • Sin perjuicio de que existe un Protocolo marco de Protección a las víctimas de Trata, el mismo está más preparado para detectar a posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual que laboral, siendo necesario una adaptación para este supuesto y la inclusión y participación en este proceso de detección de las Organizaciones Sindicales. 
  • El Gobierno ha de de plantearse seriamente que quiere luchar contra la trata de seres humanos y ello pasa por ofrecer una adecuada protección y asistencia a las víctimas, a todos los niveles, perseguir a los delincuentes, pero también por tomar medidas que contribuyan a reducir la demanda. Si en España existe trata de seres humanos, es porque en el plano laboral y/o sexual hay demanda dispuesta a utilizar los servicios de una víctima de trata.
  • Reforzar los mecanismos de concesión de documentación a las víctimas de trata de seres humanos que se encuentren en situación administrativa irregular, haciendo primar la situación personal de la victima sobre el criterio de colaboración con la Administración para conceder la documentación.
  • Sensibilizar al conjunto de la sociedad, para acabar con la tolerancia social y la normalidad con la que convivimos y se acepta la explotación laboral, la explotación sexual y la prostitución, hasta el punto de considerar incluso que quienes se lucran de las mismas no son delincuentes. 
  • La disposición adicional quinta del Real Decreto 1192/2012 por el que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, establece en su disposición adicional quinta que las víctimas de trata recibirán asistencia sanitaria durante el periodo de restablecimiento y reflexión, hasta que decidan si colaboran con las autoridades o retornan al país de origen. Esta medida, prevista para las personas en situación irregular víctimas de trata que, como todos los extranjeros irregulares, han quedado fuera del sistema sanitario, no solo es insuficiente y cicatera, sino que puede empeorar la situación descrita por la Defensora del Pueblo. El Protocolo Marco de Protección a las víctimas de trata, señala el ámbito sanitario, como uno de aquellos en los que pueden detectarse a las víctimas de trata. Tanto en el caso de la explotación laboral como sexual, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, agresiones, malas condiciones de salud, higiene y de vida en general…) llevan a las víctimas a las consultas de atención primaria donde, al igual que sucede con las víctimas de violencia de género, pueden ser detectadas y ponerse en marcha el mecanismo de protección. Al eliminarse el derecho a la asistencia sanitaria a las personas en situación administrativa irregular, las víctimas que se encuentren en esta situación, no acudirán, puesto que no tienen derecho a la asistencia sanitaria y perderemos una de las posibilidades de detectar a las víctimas.

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