UGT denuncia la privatización de la sanidad pública en Ceuta y Melilla

El sindicato envía una carta a la ministra de Sanidad demandando la paralización inmediata de la privatización de los hospitales en ambas Ciudades Autónomas

UGT ha enviado una , denunciando la deriva mercantilista de la sanidad pública en Ceuta y Melilla, a raíz de la publicación, el pasado 18 de noviembre en el BOE de la adjudicación, por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la ?asistencia técnica para la definición de un modelo de gestión clínica y su despliegue en los hospitales Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta? a las empresas Mensor Consultoría y Estrategias, S.L. y Business Assessment Pland and Projects Healthcare, respectivamente, modificando las condiciones para la adjudicación de dicha "gestión clínica" y rebajando considerablemente los requisitos. 

En la carta, el sindicato ha exigido una reunión con la ministra, con el fin de que explique las razones para tomar esta decisión, máxime cuando todos los datos referidos a ambos hospitales avalan su buena gestión, tanto sanitaria como económica; y la paralización inmediata de esta privatización, que van encaminadas a la implantación de un modelo de gestión que prima los intereses empresariales en detrimento de la atención al ciudadano y los derechos de los trabajadores. 

Además, UGT ha demandado hoy en la Comisión Permanente del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud la inclusión de este tema como punto del orden del día en el próximo plenario, que se celebrará el 11 de diciembre. 

El sindicato denuncia que en dicho proceso de adjudicación se han rebajado drásticamente los requisitos técnicos de los concursantes y, además, sospechosamente, en el caso de las empresas adjudicatarias, forman parte de sus Consejos de Administración antiguos profesionales del sector público declarados oponentes a la sanidad pública. 

Paradójicamente, la gestión de los citados hospitales -responsabilidad directa del Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)- es ejemplar y excelente, en el contexto del Sistema Nacional de Salud: incremento de un 27,24% de la cirugía mayor ambulatoria, disminución de un 13,39% del gasto por receta, menores plazos de pago a proveedores que en el resto del SNS, o un menor incremento presupuestario -0,57% para 2014, entre otras cuestiones. 

Para el sindicato, no es sensato que se pidan esfuerzos a los ciudadanos en repagar prestaciones sanitarias y, acto seguido, la ministra derroche en medios externos innecesarios, como una asesoría técnica, un total de 81.735 euros. No son las ofertas más ventajosas para la Administración y las mejor valoradas, como explicita y nos quiere hacer creer el propio BOE, sino que es una oportunidad de negocio privado con el presupuesto público de todos los ciudadanos. 

UGT denuncia que esta medida supone un injustificado despilfarro, ya que el Ministerio cuenta con medios, tanto humanos como técnicos, para la realización de estas tareas de asesoramiento, en un escenario de drásticos recortes en prestaciones fundamentales para la salud de la población. 

Además, UGT exige una aclaración urgente por parte del Ministerio de Sanidad que verifique la NO presencia de personas imputadas en las empresas adjudicatarias y, de confirmarse, proceda a una investigación urgente del proceso de adjudicación, así como una explicación verosímil de la modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) en el transcurso de la licitación. 

En el transcurso del proceso no se ha informado, como formalmente debe hacerse, al Consejo de INGESA, en el cual, como miembros del mismo, UGT no entiende que se tenga que reunir a empresas privadas, cuando dicho asesoramiento puede hacerse perfectamente por el propio INGESA y el Ministerio de Sanidad. 

El sindicato rechaza estos modelos de gestión que priman intereses mercantilistas y reclama al Ministerio, una vez más, la consulta antes de tomar este tipo de decisiones. En este sentido, resulta imprescindible que se active el Diálogo Social y la negociación colectiva sobre Sanidad, apostando por una cobertura sanitaria única y universal y el acceso gratuito a los servicios en el momento de su uso.