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CONFEDERAL ı SANIDAD

UGT exige al Gobierno que cumpla su promesa y lleve el “euro por receta” al Tribunal Constitucional

• El Gobierno impone más impuestos a la enfermedad

05/11/2012 | UGT ı Nota de prensa

UGT exige al Gobierno que cumpla su promesa y lleve el impuesto del euro por receta al Tribunal Constitucional tal y como manifestó cuando el Ejecutivo catalán puso en marcha esta medida el pasado mes de junio avalada por el President de la Generalitat, Artur Mas y que a partir de enero se implantará también en Madrid, impulsada por el Presidente la Comunidad, Ignacio González.

Tras implantarse la medida en Cataluña, la ministra de Sanidad, Ana Mato, no descartó exportar esta iniciativa al resto de España si la mayor parte de las autonomías lo solicitaban. Sin embargo, en aquel momento el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, emplazó Artur Mas, a negociar una solución para evitar un recurso de inconstitucionalidad por entender que el gravamen invadía competencias estatales. De ese recurso de inconstitucionalidad nunca más se supo.

Para UGT las palabras de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señalando que el Gobierno se desmarca del euro por receta de Madrid porque “no es su modelo” y asegurando que se procederá a analizar la constitucionalidad de la medida, no son más que afirmaciones de cara a la galería. El Gobierno no tomará ninguna medida porque, si esa fuera su intención, ya habría procedido a presentar el recurso de inconstitucionalidad del que habló en junio

¿Cuál es el modelo del que habla Santamaría? ¿Se refiere al Real Decreto con el que este verano se implantó en todas las comunidades autónomas el copago de medicamentos por los pensionistas y el aumento del porcentaje de abono del resto de usuarios de la Sanidad?

Esta nueva medida será letal porque se suma al repago de junio y al medicamentazo de agosto que ya incrementaron considerablemente el coste de las medicinas. Para el sindicato un modelo no difiere del otro, es más, el modelo del Gobierno de Rajoy impone a los ciudadanos pagar dos veces, una vía impuestos directos y otra, haciendo que los ciudadanos que necesiten hacer uso de cualquier prestación sanitaria, pague de nuevo.

Se trata de decisiones que castigan a la ciudadanía y, muy especialmente al enfermo, pero que, además, entrañan un peligro para la salud pública ya que esta desincentivación, puede llevar a enfermos a no comprar fármacos que evitarían el contagio de su enfermedad. Las repercusiones sobre la salud de los pacientes y el coste económico derivado de ello serán muy superiores a lo recaudado.

Quienes impulsan este tipo de iniciativas, criminalizan al ciudadano dando a entender que abusa de los medicamentos y hace acopio de ellos pero olvidan deliveradamente que son los médicos los que emiten las recetas y las empresas farmaceúticas las que envasan la dosis.

Esta medida afectara especialmente a los pensionistas por ser ellos, los que suelen ser mayores consumidores de fármacos y tener pensiones inferiores a los 1.000 euros. En estos momentos de crisis, muchos de ellos tendrá que optar entre pagar sus medicinas o seguir siendo el sustento de sus familias que se han quedado sin ingresos.

UGT considera que este tipo de disposiciones rompen definitivamente la cohesión del Sistema Nacional de Salud al establecer diferencias en el acceso a los medicamentos en función de la comunidad autónoma de residencia, por eso exige que el Presidente del Gobierno ponga orden entre los responsables de las comunidades de su partido para evitar las desigualdades en la prestación sanitaria pública entre españoles y demanda la retirada de esta medida porque invade competencias estatales, y recuerda que la Ley General de Sanidad, de 1986, fija que el acceso y las prestaciones sanitarias deben realizarse en “condiciones de igualdad efectiva” y que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2004 habla de un “mínimo igualitario en todo el territorio nacional” que proporcione “unos derechos comunes a todos los ciudadanos”.

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