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HOSTELERÍA -TURISMO | GRUPO ARTURO CANTOBLANCO

UGT exige que se aclaren y depuren responsabilidades en el presunto pago fraudulento de salarios en el Grupo Cantoblanco

13/02/2013 | Secretaría Federal de Acción Sindical de CHTJ-UGT

La representación sindical de UGT en el grupo Cantoblanco, del que es propietario Arturo Fernández, manifiesta su rotunda posición a favor de que se aclaren las denuncias que los medios de comunicación han publicado sobre un posible fraude en el pago de los salarios a los trabajadores. Y con la misma contundencia, si tales irregularidades quedan demostradas, UGT exige que las autoridades laborales adopten, a modo de pauta y con carácter definitivo, las medidas necesarias para salvaguardar el derecho de todos los trabajadores de hostelería a recibir un salario acorde a su trabajo y las cotizaciones que garanticen sus prestaciones de futuro.

En este sentido, UGT quiere expresar su permanente compromiso en defensa de la normativa legal que, sustentada en los convenios colectivos, obliga a los empresarios a pagar el trabajo de sus asalariados y a cumplir con sus obligaciones en materia de cotización.

Es esta una reclamación sindical recurrente en el sector de hostelería: aprovechando la crisis, pero también antes, algunos empresarios irresponsables y sin escrúpulos han incurrido asiduamente en actuaciones ilegales vinculadas al pago irregular de los salarios. Prácticas irresponsables y abusivas que nuestra organización, huelga decirlo, ha denunciado siempre que ha conocido.

En el caso concreto del Grupo Cantoblanco, la UGT y sus representantes hemos mantenido este mismo criterio de exigencia y cumplimiento de la legalidad. Así ocurrió, recientemente, cuando nos opusimos a un ERE instado por este grupo en las cafeterías de Ifema por carecer de las causas legales exigibles y plantear unas medidas desproporcionadas y carentes de base argumental. Expediente de regulación de empleo que, gracias a nuestra firme actuación, logramos dejar sin efecto.

UGT reitera su inequívoco compromiso con la defensa de la normativa laboral, particularmente en materia de salarios y cotizaciones, y su estricta observancia por parte de las empresas. Finalmente, queremos dejar constancia de que la única responsable de este tipo de prácticas indeseables, irregulares e insolidarias es la dirección de la empresa, que las impone, y nunca los trabajadores, que las sufren.

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