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Jueves, 18/10/2018
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Califica este anteproyecto de positivo pero critica que no se haya debatido en el Comité Consultivo del SNS

UGT ha trasladado sus propuestas para mejorar el Anteproyecto de la Ley Reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida

02/06/2011 | UGT

UGT considera positivo el Anteproyecto de la Ley Reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, pero critica que este anteproyecto no se haya presentado en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, tal y como estaba previsto y acordado en su Comisión Permanente. Asimismo, denuncia la premura para que el sindicato pueda presentar aportaciones de mejora al mismo.

El sindicato valora esta norma pues da una respuesta a las necesidades de los ciudadanos a través de la regulación de derechos de las personas, de la actuación de los profesionales sanitarios y de las obligaciones de las Administraciones pero opina que se puede mejorar en determinados aspectos. Así se pueden definir mejor los aspectos organizativos; hacer especial hincapié, más que en la atención médica, en la atención sanitaria (pues las personas en el proceso final de su vida no solo reciben atención médica, sino cuidados de enfermería, apoyo psicológico, y cuidados de carácter personal y espiritual); o garantizar el derecho al acompañamiento.

Respecto a los comités de ética asistencial, regulados por normativa autonómica, UGT echa en falta una norma básica de ámbito estatal, que garantice la equidad y homogeneidad en el trato a las personas ante el proceso final de su vida. Otra cuestión es clarificar la ley respecto a la participación del voluntariado, en el sentido de que ésta debe garantizar los medios suficientes para dar respuesta a las necesidades que se generen en los pacientes y sus allegados en el proceso final de la vida, con independencia de la existencia o no de otros recursos organizados. Asimismo, se deberían mejorar algunos aspectos jurídicos.

Por último, UGT insiste en la necesidad de que se aborde e informe de los proyectos normativos en los órganos de participación institucional correspondientes, donde participan los interlocutores sociales y las Administraciones Públicas, y reitera su voluntad de colaborar para mejorar el sistema sanitario y sus prestaciones.

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