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Sábado, 18/08/2018
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Se vuelve a demostrar que los Estados miembros entienden la Unión Europea como una Unión Económica, no como una Europa Social

UGT lamenta la resolución de la Comisión Europea sobre las decisiones adoptadas por algunos países de la UE respecto a la población romaní

UGT lamenta la resolución tomada por la Comisión Europea de aceptar el proyecto de ley de Francia para adaptar la Directiva sobre Libre Circulación de ciudadanos con el que basan las decisiones adoptadas respecto a la población gitana durante los últimos meses. El sindicato considera que esta resolución es contraria la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que defendía el martes la propia Comisión y manifiesta que esta decisión demuestra, una vez más, que Europa se entiende por los Gobiernos de los Estados miembros como una Unión Económica, no como una Europa Social. UGT manifiesta que, en un momento económico como el actual, en el que es preciso reforzar las políticas sociales, nacionales y de la Unión Europea, no se debería recurrir una vez más a estigmatizar a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas en riesgo de exclusión o con dificultades socioeconómicas, haciéndoles padecer de lleno las consecuencias de la crisis económica.

22/10/2010 | UGT

UGT lamenta la resolución tomada por la Comisión Europea sobre las decisiones tomadas con la población gitana en algunos países de la UE. Más aún cuando el mismo día la propia Comisión adopta una estrategia para garantizar el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en un ejercicio que solo puede calificarse de hipocresía política.

El sindicato quiere recordar que, en el caso de las decisiones tomadas por el Gobierno francés respecto a la población gitana, y antes, por otros Estados miembros, no estamos ante un asunto nacional, sino que el tema de fondo es si realmente la Unión Europea es una Europa social y de todos los ciudadanos y ciudadanas, o únicamente de aquellos que tienen medios económicos.

El trasfondo de esta actuación y la base jurídica en que se apoya, es una Directiva de Libre Circulación de ciudadanos europeos por los estados de la Unión, que permite que en el caso de carencia de recursos económicos, de un seguro de enfermedad o de que se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro, puedan ser expulsados. Libre circulación sí, pero no quienes corran riesgo de pobreza o de exclusión, o simplemente de quienes no puedan demostrar un determinado nivel de recursos económicos o que se considere (en una expresión francamente ambigua) que pueden convertirse en una carga para la asistencia social.

Pero, a juicio de UGT, lo que está en juego es si la Unión Europea y sus Instituciones realmente comparten y defienden, para todos, el contenido de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyos principios solo pueden ser limitados por la Ley y respetando en todo caso el contenido esencial de derechos y libertades. Derechos como: la prohibición de expulsiones colectivas; la prohibición de toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones política o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual; la libertad de circulación y residencia para todo ciudadano de la Unión.

La Comisión, en su resolución emitida el martes, señala que ésta es una prueba del buen funcionamiento de la Unión Europea como una comunidad gobernada por la Ley. Pero la interpretación que se hace de esa Ley, a juicio de UGT, demuestra, una vez mas, que Europa se entiende por los Gobiernos de los Estados Miembros como una Unión Económica, pero no como una Europa Social.

Una Europa de dos velocidades, tanto por lo que hace referencia a los países, como a los propios ciudadanos, en función de su patrimonio, y a las políticas. La lucha contra la pobreza y contra la exclusión carece de una verdadera política Europea en la que sean corresponsables tanto la Unión como los Estados miembros.

UGT lamenta que en un momento económico como el actual, en el que es preciso reforzar las políticas sociales, nacionales y de la Unión, se recurra una vez más, como se viene haciendo en distintos estados miembros, también en España, a estigmatizar a una parte de la población, inmigrantes, la población romaní, y en cualquier caso, a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas en riesgo de exclusión o con dificultades socioeconómicas. Las consecuencias de la crisis económica, de la situación de los mercados de trabajo y de las decisiones que están tomando los distintos Gobiernos europeos, incluido el español, reduciendo los niveles de protección social y precarizando aun más el empleo, las están padeciendo quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

UGT lamenta la resolución de la Comisión Europea sobre las decisiones adoptadas por algunos países de la UE respecto a la población romaní

UGT lamenta la resolución de la Comisión Europea sobre las decisiones adoptadas por algunos países de la UE respecto a la población romaní

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