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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO | RECORTES SOCIALES

UGT lamenta que el Gobierno aproveche la situación actual para reformar el Sistema de Dependencia

El Gobierno pone en entredicho que la ley cumpla el objetivo de atender a las personas en situación de dependencia

13/04/2012 | UGT

UGT lamenta que el Gobierno aproveche la situación actual de crisis para acometer una reforma en el Sistema de Dependencia, -ley fruto de la aprobación mayoritaria de los grupos parlamentarios-, omitiendo, una vez más, la participación institucional de los órganos consultivos establecida por la ley y basándose en el mal funcionamiento y desarrollo de una Ley que cuyo desarrollo han obstaculizado las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular.

El sindicato considera que el recorte del nivel acordado de 283 millones de euros parece incompatible con la intención del Ejecutivo de modificar la ley para atender de forma integral a los ciudadanos y asegurar las condiciones adecuadas a las necesidades de las personas en situación de dependencia en un marco de importante recorte presupuestario, salvo que esté pensando en establecer tales índices de copago que, lejos de ser un derecho subjetivo y universal, se convierta en un derecho meramente asistencial.

De nuevo se produce un anuncio de reforma del Sistema de Dependencia, de una ley que es fruto de una aprobación mayoritaria de los grupos parlamentarios, y cuyo desarrollo ha sufrido, a lo largo de los últimos años, una obstaculización por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular a la hora de poder llegar a acuerdos en el seno del Consejo Territorial, (unos acuerdos que son básicos para poner en marcha la ley, y que requieren la aprobación mayoritaria de las Comunidades Autónomas).

Esta falta de consenso en la práctica ha supuesto que muchos de los acuerdos aprobados hayan sido de mínimos y ha permitido ofrecer un amplio margen de regulación autonómica, criterios que ahora se pretenden modificar. En definitiva, se aprovecha la situación económica actual para encubrir aquellos obstáculos e impedimentos que se han puesto en la aplicación de la ley y los objetivos que no se ha cumplido para justificar su modificación.

Los presupuestos para este año 2012, han supuesto un recorte del nivel acordado de 283 millones de euros, que nos parece incompatible con la intencionalidad del Gobierno de modificar la ley para atender de forma integral a los ciudadanos y asegurar las condiciones adecuadas a las necesidades de las personas en situación de dependencia en un marco de importante recorte presupuestario, salvo que se este pensando en establecer tales índices de copago que lejos de ser un derecho subjetivo y universal, se convierta en un derecho meramente asistencial.

Eliminar un nivel de protección recogido en la Ley, en este caso el acordado, supone suprimir la figura de los convenios, a través de éstos se acuerdan los objetivos, medios y recursos económicos que iban a consignar las Administraciones, lo que supone una renuncia explicita del Gobierno a comprometer el gasto autonómico y a exigir que pongan su parte respecto a este nivel.

En un escenario de eliminación del nivel acordado del sistema de financiación y recorte presupuestario, el Gobierno pone en entredicho que la ley cumpla el objetivo de atender a las personas en situación de dependencia.

El Sistema aprobado en esta ley responde a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y por tanto también lo es la responsabilidad en la aplicación, desarrollo y cumplimiento de la misma. Si no se ha cumplido determinados principios que marca la ley, tales como la excepcionalidad de las prestaciones económicas, todas las Comunidades Autónomas deben responder, pero sería oportuno que revisáramos cuáles son las Comunidades donde las prestaciones económicas han supuesto a lo largo de estos últimos años mas de un 60% del conjunto global, y de la misma forma, cuáles de estas comunidades coinciden con las que se encuentran a la cola de la aplicación y desarrollo de la ley, casualmente son administradas por un gobierno popular .

A la hora de analizar la generación de empleo que ha supuesto esta ley, no se pueden medir las pérdidas en el empleo únicamente desde los puestos que se han perdido en el último año sin considerar los puestos creados desde la implantación de la ley. Según la encuesta de población activa, durante los años 2009 y 2010, se crearon más de 165.000 empleos en el ámbito de la dependencia.

Además, con el anuncio de esta reforma y el acuerdo adoptado en el seno del Consejo Territorial, una vez más, se omite la participación institucional de los órganos consultivos que la ley establece y se realizan cambios sustanciales sin tener en cuenta los mismos.

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