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IGUALDAD | MIGRACIONES

UGT rechaza las propuestas del PP en torno a la inmigración, pues suponen un retroceso en los derechos y una vulneración de lo acordado en el Diálogo Social

25/11/2011 | UGT

UGT rechaza las medidas anunciadas por el Partido Popular (PP) en materia de inmigración porque, además de implicar un retroceso en materia de derechos para la población extranjera, que ya forma parte de la sociedad española, supone vulnerar los Acuerdos alcanzados, respecto a la migración laboral, en el marco del Diálogo Social, entre Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales. Las declaraciones del PP reflejan, no solo un desconocimiento de la regulación actual en materia de inmigración, sino su intención de recuperar sus anteriores políticas, que fomentaban la irregularidad para disponer de una mano de obra lo más barata posible y sin derechos.

El Partido Popular ha anunciado una serie de modificaciones que quiere llevar adelante en la actual regulación de la entrada y permanencia en España de los extranjeros no comunitarios. UGT lamenta que uno de sus primeros anuncios que el Gobierno prevé llevar a cabo, afecte directamente a los derechos de una parte de la población española y por otra, a los derechos de los trabajadores y trabajadoras extranjeros, con una influencia directa en el mercado de trabajo.

El Partido Popular pone de manifiesto no solo su desconocimiento sobre la actual regulación en materia de inmigración, sino que cuestiona los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social y obvia que, durante sus anteriores mandatos, su política estuvo marcada por la irregularidad. El PP realizó tres procesos de regularización (dos en el año 2000 y uno más en el 2001) más los procesos de contingente (1997, 1998 y 1999), que se limitaban a documentar a los extranjeros que ya estaban en España de forma irregular. Sin embargo, no controlaban si las ofertas de empleo, que servían de base a la regularización, eran reales ni si, tras obtener la documentación, los empleadores las convertían en contratos de trabajo y daban de alta a los trabajadores. De esta manera, se contribuía a mantener a la población trabajadora en la economía sumergida y se disponía, de forma constante, de un volumen de mano de obra barata, disponible y prescindible, pero sin posibilidad de ejercer, ni de reclamar derechos.

En este sentido, UGT no puede por menos que extrañarse de que se quiera relanzar una figura como la de los visados para la búsqueda de empleo, así como que se pongan en cuestión los arraigos social y laboral, especialmente este último que está previsto cuando haya una resolución judicial o un Acta de la Inspección que demuestre seis meses de trabajo irregular. Sin él, la sociedad española se quedaría sin uno de los instrumentos para luchar contra los empleadores que operan habitualmente en la economía sumergida.

Visados para la búsqueda de empleo: existen en nuestra legislación desde el año 2003. UGT siempre se manifestó contraria a esta fórmula de inmigración laboral por no garantizar los derechos de los trabajadores, no requerir compromiso alguno del empleador y ser ajena a la situación del mercado de trabajo. Su filosofía (venir con un visado con un plazo de tres meses para encontrar trabajo y en caso contrario volver al país de origen, lo que coloca al trabajador en la tesitura de aceptar cualquier puesto de trabajo, con independencia de las condiciones que le ofrezcan) es incompatible con el sistema de regulación de flujos migratorios laborales acordado en el Diálogo Social, por Gobierno, Organizaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales, que garantiza que solo se contrate en el exterior en los momentos y solo para las ocupaciones, en las que hay necesidades acreditadas que no pueden ser cubiertas por trabajadores y trabajadoras desempleadas, y siempre sobre la base de un compromiso previo del empleador.

Proceso de normalización del año 2005: imposible que produjera efecto llamada a diferencia de los celebrados en la etapa anterior. Uno de sus requisitos era el empadronamiento con una antigüedad de seis meses desde la fecha en que entró en vigor el Reglamento y comenzó el proceso. Fue el primer y único proceso en que se regularizaron empleos y empleadores, porque se exigía un contrato de trabajo, con lo que se aseguraba el afloramiento de empleos desde la economía sumergida, los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los empresarios.

Inmigración circular: para UGT ésta solo ha de ser una forma residual de la regulación de flujos migratorios, porque por una parte implica que únicamente se acepta al trabajador mientras dure el contrato, con la obligación de volver al finalizar a su país, y por otra, puede ser una forma de convertir en temporales empleos que deberían ser indefinidos o fijos discontinuos. Potenciar esta inmigración, además de los efectos en el mercado de trabajo por el incremento de la temporalidad, supone también una declaración de intenciones de que se quiere a los inmigrantes solo para que vengan a trabajar y mientras dure su contrato, sin que puedan llegar a ser parte de la sociedad.

Arraigos: cuestionar los arraigos, otro de los elementos del Acuerdo tripartito en el marco del Diálogo Social y que son un instrumento excepcional y no un proceso de regularización, es condenar a personas que llevan tres años en España y que cumplen otros requisitos a una perpetua irregularidad. Nadie viene con la idea de estar tres años trabajando y viviendo de manera irregular. Por otra parte, respecto al arraigo laboral, previsto para quienes demuestran con un acta de la Inspección o una resolución judicial que han trabajado de manera irregular durante seis meses, es un instrumento indispensable y que debería ser más utilizado, para eliminar a los empleadores que alimentan la economía sumergida y que incumplen con sus obligaciones.

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