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UGT reclama un programa de compromisos del sector financiero con la sociedad, como contrapartida a las ayudas que recibe de los ciudadanos

11/05/2012 | UGT

UGT considera que es hora de establecer un programa de compromisos del sector financiero con el país y que se planteen, abiertamente, contrapartidas por el apoyo que está recibiendo de los ciudadanos. El sindicato critica, una vez más, como lleva haciendo desde hace tiempo, la mala gestión del Gobernador del Banco de España (más preocupado en pontificar otras reformas que ocuparse de su labor de supervisión y acometer, correctamente, la que le corresponde) y denuncia, la “improvisación” del Gobierno, pues han tenido que ser organismos internacionales los que le lleven a adoptar medidas extraordinarias para el conjunto del sistema financiero. El Gobierno demuestra que no tiene un plan, no sabe qué hacer y responde sobre la marcha, con la única excepción de la reforma laboral, que tenía pensada y diseñada desde mucho antes de llegar al poder.

UGT considera que la llamada “nacionalización” de BFA, matriz de Bankia, (en realidad, una transferencia de su control efectivo, que pasa de los poderes públicos territoriales al Estado Central) es una iniciativa mejor que la inyección de dinero sin más en el capital de la entidad (bien a fondo perdido, bien a través de mecanismos de financiación blanda), que habría supuesto una actuación impresentable en el contexto actual de dificultades de las familias y empresas y de brutales ajustes de los gastos y prestaciones sociales básicas. Con la toma de posesión por parte del Estado Central (a través del FROB) al menos éste se garantiza la capacidad de decisión en los aspectos estratégicos de la gestión de la entidad, y en consecuencia la inclusión del bienestar colectivo como una de las guías de comportamiento de ahora en adelante. Al menos, así debería ser.

Sin embargo, es mucho el dinero y el sacrificio que comporta, en términos de coste de oportunidad, de políticas que se sacrifican para atender ahora esta inyección extraordinaria de recursos a una entidad que, no se olvide, mantiene una parte en manos privadas, y responde a esos intereses particulares, y por otro lado ha estado supedita a decisiones de ámbito político, al tener el control de las Cajas que la conforman las Comunidades Autónomas. Por eso, cabe exigir de manera simultánea algunas actuaciones.

De entrada, la depuración inmediata de responsabilidades, que se debe sustanciar en distintos niveles. Primero, en el ámbito de actuación privado, de los directivos y gestores de Bankia que han llevado al grupo financiero y a las entidades que lo componen en estos momentos a la situación actual.

Paralelamente, y en el espacio de actuación pública, asunción de responsabilidades tanto del Banco de España como del Gobierno.

El organismo regulador debe ofrecer una explicación a la sociedad de por qué se ha permitido que se llegara a la insostenible situación que reflejan las cuentas de la entidad ahora intervenida, explicar qué medidas adoptaron para atajar esa deriva, y por qué estas no han dado resultado, como es evidente. Es la gestión del propio Banco de España la que queda muy en entredicho con el afloramiento de la realidad patrimonial de Bankia y de otras entidades, su manifiesta ineficacia para controlar y supervisar aquello que es de su estricta competencia. El Banco de España y su Gobernador han dejado bien patente en estos últimos años su capacidad e interés para pontificar sobre las reformas de otros mercados (en especial el laboral) en intervenciones públicas y en documentos de análisis, para promover desde su privilegiada posición las tesis del ultraliberalismo económico dominante; es urgente ahora que con la misma profusión y amplitud explique por qué se están obteniendo tan nefastos resultados en el único mercado en el que de verdad tiene competencias, y detalle cuál es su grado de responsabilidad en ello.

Por su parte, el Gobierno lleva cinco meses diciendo que la reforma del sistema financiero es una prioridad; aprobó ya mediante el Real Decreto 2/2012, de 2 de febrero, una serie de medidas que se calificaron como “definitivas”; aseguró que darían confianza a los mercados y que servirían para relanzar el crédito y, con él, la actividad y el consumo; pero nada de eso se ha cumplido. Al contrario, el crédito sigue sin fluir, nuestro país sigue siendo objetivo de los especuladores, la prima de riesgo se sitúa en niveles máximos, y han tenido que ser Organismos internacionales los que lancen advertencias al Ejecutivo para que adopte medidas extraordinarias para el conjunto del sistema y en el caso de Bankia en particular. Como en todas las políticas que hasta ahora el Gobierno ha adoptado, sigue mostrando que ni tenía un plan, ni sabe qué hacer, y responde a los acontecimientos con actuaciones puntuales (con la única excepción de la reforma laboral, que tenía bien pensada y diseñada desde mucho antes de llegar al poder).

No basta con la toma de control por parte del Estado Central, con la asunción de las tareas de gestión responsable que no han hecho quienes se han llevado sueldos millonarios hasta ahora.

Primero, hay que exigir que, en el medio plazo, la operación no suponga ni un euro de coste para los ciudadanos.

Segundo, hay que poner nombres y apellidos a quienes han hecho esta pésima gestión. No han sido los mercados, sino, por un lado, altos directivos y ejecutivos que se han embolsado sueldos escandalosos. ¿Dónde está la tan cacareada relación entre salarios y productividad en estas retribuciones? No se oye en este caso la voz de los dirigentes de la patronal del sector reclamando un comportamiento responsable de sus asociados. Y por otro lado, gobernantes de Comunidades Autónomas, que han utilizado las Cajas con fines muy dudosos y partidistas. A todos ellos cabe pedirles ahora explicaciones y responsabilidades.

Por último, y en términos más generales, es hora de establecer un programa de compromisos del sector financiero con el país, de que se planteen abiertamente contrapartidas por el apoyo que se está dando a estas entidades. La caracterización del sector como sistémico, sin cuyo buen funcionamiento la economía en su conjunto colapsaría, no puede usarse para mantener como rehenes por más tiempo a los poderes públicos y a los ciudadanos para que acepten todo tipo de parabienes y ayudas. Los ciudadanos exigen un comportamiento responsable y solidario de estas entidades financieras, que tantos beneficios han obtenido, en la época expansiva, a costa de inflar la burbuja inmobiliaria y que tan caro nos están costando ahora.

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