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Lunes, 23/07/2018
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#29MHuelgaGeneral | NO A LA REFORMA LABORAL

UGT recuerda a la patronal que la Constitución protege el derecho a la huelga

Los servicios jurídicos del sindicato estudiarán la nota que CEOE y Cepyme han enviado a los empresarios

22/03/2012 | UGT

UGT advierte a la patronal que la Constitución protege el derecho de huelga y que intentar coartarlo es un delito tipificado en nuestro Código Penal. En este sentido, los servicios jurídicos del sindicato estudiarán las responsabilidades en que se puede incurrir al inducir a la posible vulneración de este derecho en la nota enviada por las patronales CEOE y CEPYME a los empresarios, en la que no solo descalifican esta huelga sino también dan indicaciones a las empresas para que pongan en práctica determinadas conductas o acciones para coaccionar a los trabajadores.

Como viene siendo habitual cada vez que, haciendo uso del legítimo derecho reconocido constitucionalmente, las organizaciones sindicales procedemos a efectuar una convocatoria de huelga general, de inmediato surgen las críticas y descalificaciones desde los más diversos ámbitos.

En esta ocasión son las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME, quienes han elaborado una Nota, al parecer dirigida a los empresarios, en la que se contienen apreciaciones de todo tipo, algunas ciertamente preocupantes. En efecto:

  • Se permiten calificar la huelga como política, mensaje que reiteran hasta la saciedad, entendiendo que se trata de una huelga ilegal, pero que no puede ser declarada como tal porque hoy día nuestro ordenamiento jurídico no contempla una declaración judicial previa en tal sentido.
  •  Dos consecuencias claras se desprenden de esta calificación: desincentivar -(¿coaccionar? cuidado, que si se participa en una huelga ilegal las consecuencias son gravísimas)- la participación de los trabajadores en la huelga convocada; solicitar el cambio de legislación en la dirección apuntada por dichas organizaciones empresariales.

Aparte de estas torticeras finalidades, estamos ante un debate estéril. Existe reiterada doctrina y jurisprudencia sobre la legalidad de huelgas como la convocada para el próximo 29 de marzo, que son de sobra conocidas, especialmente por quienes, como las organizaciones empresariales, formamos parte esencial del día a día de las relaciones laborales.

Sólo recordaremos que los objetivos y las razones de esta huelga están explicados en la convocatoria presentada, entre otros a las referidas organizaciones empresariales, y corresponden a reivindicaciones netamente sindicales y profesionales, y a la defensa y promoción de intereses y derechos de los trabajadores en general.

  • Están prejuzgando la conducta de los trabajadores (frecuente incumplimiento de los servicios mínimos y de mantenimiento), hasta el extremo de asegurar que “el ejercicio del derecho de huelga general y el riesgo de violencia y daños que conlleva, es rechazable siempre”.
  •  En un ejercicio de cinismo casi sin precedentes, se utiliza un doble discurso: por una parte realizan todo tipo de alabanzas al diálogo social para acto seguido decir que ha sido un auténtico fracaso (aunque no explican el porqué del fracaso) y defender la reforma llevada a cabo sin diálogo alguno.
  •  En cuanto a las indicaciones que en la Nota dan a las empresas más allá de recordar preceptos legales, hay continuas referencias a determinadas conductas o acciones con mensaje hacia los trabajadores, como que se controle el absentismo en los días previos a la huelga o que se deje constancia de la falta de cooperación de los representantes de los trabajadores.

En definitiva, estamos ante un documento que no se queda en dar información a las empresas, desde el interés empresarial, sino que, como se ha señalado, va mucho más allá.

En este sentido, ya empiezan a extenderse circulares empresariales en relación a la huelga informando sobre las consecuencias que recaerán sobre los trabajadores que participen en la misma a la que ya califican, sin ambages, de carácter político.

Desde UGT sólo queremos advertir que nuestro ordenamiento protege el ejercicio del derecho de huelga y que las conductas que tratan de impedirlo o limitarlo incluso están tipificadas como delito en nuestro Código Penal. Los servicios jurídicos del sindicato estudiarán, en este sentido, las responsabilidades en que se puede incurrir al inducir a la posible vulneración de este derecho en la nota que CEOE y CEPYME ha enviado a las empresas.

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