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Sábado, 22/09/2018
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CONFEDERAL ı EMPLEO

UGT recuerda al BCE que las políticas de empleo no forman parte sus competencias

• Si la institución se acoge a su estatuto para inhibirse de los problemas de la deuda soberana, no es legítimo que lo ignore recomendando políticas que no le competen

10/08/2012 | U

UGT muestra su más radical desacuerdo con la actuación del Banco Central Europeo durante la crisis, ignorando los intereses del conjunto de los ciudadanos de la zona euro para someterse de manera servil a los intereses exclusivos de una parte de los miembros de la Unión Europea. Recomendar mayores degradaciones de las condiciones de trabajo en países como España –como ha hecho en el informe mensual de la institución hecho público ayer– supone un incumplimiento flagrante de sus funciones, que se limitan al control de la inflación y al mantenimiento de la estabilidad financiera de la zona euro.

El BCE no tiene competencia alguna en lo relativo a las políticas de empleo de los Estados miembros de la Unión, por lo que debería ser excepcionalmente respetuoso con políticas que son competencia de los Gobiernos nacionales, Gobiernos que sí deben estar sometidos a los principios y controles democráticos y dar respuesta de sus actuaciones frente a los ciudadanos que les eligen y no frente al BCE.

UGT ha venido defendiendo, como se hace desde otras muchas instancias españolas y europeas, la necesidad de una reforma en el Estatuto del Banco Central Europeo para que actúe como un verdadero banco central respecto a la moneda única, y se amplíen sus competencias para que pueda actuar en los mercados de deuda defendiendo el euro y evitando las especulaciones que, a día de hoy, son el principal problema económico de la UE. Si la institución que dirige Mario Draghi está eludiendo realizar esa función esencial para la resolución de la crisis, acogiéndose a que no puede asumir funciones que no están en su estatuto, no debería extralimitar gratuitamente ese mismo Estatuto haciendo recomendaciones sobre políticas que no son de su competencia.

Pero, además, sería bueno que el BCE recordara –en los términos del análisis objetivo de los datos, que es lo que le corresponde, no en términos de análisis político- que España lleva tres años realizando reformas laborales, una en 2010 y otra a comienzos de 2012, que fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno del PP nada más llegar al poder.

Aunque los dirigente del Partido Popular se empeñen irresponsablemente en discriminar si los parados son de uno u otro Gobierno, la realidad nos indica que su reforma laboral está destruyendo empleo, ha degradado espectacularmente las condiciones de trabajo en nuestro país hasta límites que vulneran los principios constitucionales y los establecidos en acuerdos internacionales básicos, está suponiendo la desaparición masiva de empleos en el sector público, se recorta la protección a los trabajadores en desempleo, y se afecta a instituciones básicas como el FOGASA.

Recortes salariales, recortes sociales, rebajas de la protección legal del trabajo y el resultado es un total fracaso de esas políticas: hay más parados, más precariedad, más pobreza y más exclusión social, y ni un solo dato que indique recuperación económica o mejora de la situación financiera de las empresas o de las cuentas públicas.

Cabría preguntar, ante este panorama, ¿hasta dónde considera el BCE que sería necesario degradar las condiciones de trabajo en España? ¿Existe algún límite en ese proceso de expolio salarial y de degradación laboral al que se pretende someter a los trabajadores? También cabría preguntarse si las recomendaciones que hace la institución de Mario Draghi serán las que se nos obligue a adoptar en el caso de que finalmente el Gobierno español pida el segundo rescate con el que llevamos semanas especulando.

El BCE debería recordar –y si no lo hace, el Gobierno de España debería preocuparse de que lo hiciera– que es una institución al servicio del conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, no un actor político europeo. UGT considera que si continúa con esta línea de actuación, el BCE se estará convirtiendo en una parte sustancial del problema (económico, social y democrático) que padecemos, en lugar de ser parte de la solución que necesitamos.

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