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UGT solicita un mayor compromiso del Gobierno para solucionar el problema de las ejecuciones hipotecarias

14/12/2010 | UGT

UGT viene observando con preocupación como el número de familias trabajadoras que pierden su vivienda se incrementa alarmantemente mes a mes, a finales de 2010 serán más de 280.000. Dado que los procesos de ejecución hipotecaria no afectan a un solo individuo sino a la unidad familiar además de a las personas que avalaron el crédito hipotecario entre las que se incluyen familiares y amigos, Desde UGT estimamos que las ejecuciones hipotecarias pueden estar afectando a más de un millón de ciudadanos.

Además es probable que empeore dado el crecimiento de la morosidad (desde enero de 2007 hasta junio de 2010 el número de créditos dudosos para la adquisición de vivienda se ha incrementado en un 426,83%) y al final del ciclo bajista del Euribor y las previsiones a corto plazo de incremento del mismo, lo que comprometerá el pago de la cuota hipotecaria a un mayor número de ciudadanos.

Por tanto, existen motivos suficientes, tanto por la magnitud del problema (el número de ciudadanos afectados es similar a la totalidad de las actuaciones previstas en el Plan Estatal de vivienda para toda la legislatura), como por las consecuencias del mismo (peligro de exclusión social por pérdida de vivienda y embargo de ingresos presentes y futuros) para intervenir urgentemente en la búsqueda de alternativas a los desahucios, embargos y ejecuciones hipotecarias que se están produciendo. UGT exige a los poderes públicos, en este caso al Gobierno de España que dentro de sus competencias cumpla el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias y el establecimiento de normas que eviten la pérdida del derecho a la vivienda y las situaciones de exclusión social de estos ciudadanos.

Desde distintos ámbitos sociales y políticos están surgiendo iniciativas que proponen soluciones sociales a las ejecuciones hipotecarias y desahucios, pero que no están teniendo la consideración que merecen desde el Gobierno. Durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 14 de diciembre se dará una nueva oportunidad para que, durante el debate que se producirá sobre las medidas del Gobierno para combatir las consecuencias sociales del desahucio, el Gobierno socialista demuestre SU COMPROMISO para solucionar este tema, aprobando alguna de las medidas propuestas.

Desde UGT consideramos imprescindible que entre estas medidas se debe incluir las siguientes:

Facilitar acuerdos entre prestamistas y prestatarios desarrollando para ello un organismo mediador con capacidad para imponer condiciones de negociación que evite la judicialización y venta directa de los inmuebles sin arbitraje.

Promover la modificación de la normativa española para hacer posible la dación en pago por la totalidad de la deuda como fórmula para satisfacer las deudas de los prestatarios de buena fe que no puedan hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias.

Y por último, Promover convenios entre el Ministerio de Fomento, la SPA y las entidades financieras para que las viviendas embargadas fruto de las ejecuciones hipotecarias puedan ser alquiladas (en caso de acuerdo entre inquilino y arrendador) por los propietarios desahuciados, accediendo tanto inquilino como arrendador a las ayudas que contempla el PEVR 2009-2012, garantizando en último término que los inquilinos no destinen más del 30% de sus ingresos a este fin y el cobro de las rentas a las entidades financieras.

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