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Soledad Becerril vuelve a decidir contra los trabajadores

UGT y CCOO consideran que la Defensora del Pueblo justifica al Gobierno en el uso indebido y abusivo del Decreto-ley de Estabilidad Presupuestaria

16/10/2012 | UGT

UGT y CCOO consideran que la decisión de la Defensora del Pueblo de no presentar recurso de inconstitucionalidad, contra el Real Decreto-Ley 20/2010 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, elude el examen riguroso de la fundamentación expuesta por ambas organizaciones sindicales y se emplea con perseverancia en justificar al Gobierno.

El pasado martes 9 de octubre las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores cursaron a la Defensora del Pueblo una solicitud a fin de que, en ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Española y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

Para UGT y CCOO la contestación remitida en el día hoy por la Defensora del Pueblo elude el examen riguroso de la fundamentación expuesta por ambas organizaciones sindicales y se emplea con perseverancia, tanto en justificar al Gobierno en el uso indebido y abusivo del Decreto-ley, con lo que se hurta su competencia y legitimidad a las Cortes, como en defender una reforma que, yendo mucho más allá que sus precedentes, vacía de contenido derechos básicos de los empleados públicos (vacaciones, protección por enfermedad, retribuciones…), y cercena gravemente la capacidad de defensa colectiva de sus derechos y condiciones de trabajo, al tiempo que atenta contra los derechos constitucionales de negociación colectiva y libertad sindical, avalados igualmente por la legislación internacional. 

Por otro lado, si bien es cierto que cuestiona parcialmente la legalidad de la eliminación de la paga extra de Navidad para los empleados públicos este año, rechaza la posibilidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad, limitándose a efectuar recomendaciones al Gobierno en ese sentido. 

Desde el respeto a la Defensora del Pueblo, los sindicatos no comparten la decisión de no presentar recurso de inconstitucionalidad, como ya ocurriera con la propuesta de recurso contra la ley de medidas urgentes para la reforma del laboral, e insisten en que crea inseguridad en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y hacen un flaco favor a la confianza depositada en nuestras instituciones.

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