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CONFEDERAL

UGT y CCOO critican el anteproyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

14/06/2012 | UGT ı Nota de prensa

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer y la Secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO, Paloma López, han enviado al director general de la Inspección de trabajo y Seguridad Social las observaciones sobre el anteproyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

El plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social fue presentado a ambos sindicatos tras su aprobación en el Consejo de Ministros del 27 de abril de 2012 en la Comisión Consultiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

CCOO y UGT ponen de manifiesto la necesidad de no centrar la lucha contra el fraude sobre los perceptores de la prestación por desempleo, y encaminarlo sobre el control del trabajo de los extranjeros sin autorización, la falta de inscripción de las empresas a la Seguridad Social, la falta de afiliación o alta de los trabajadores en la Seguridad Social, la no compatibilidad del trabajo con una prestación de la Seguridad Social, la introducción de elementos de control y la lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

Las organizaciones sindicales subrayan también la necesidad de continuar con el desarrollo de los Planes integrados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Observatorio contra el Fraude, el Plan de acción sobre empresas ficticias, el Plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social, el control de conductas que tienen consecuencias directas en los trabajadores y que merman sus derechos e incluso incurren en prácticas delictivas, en la afectación de las condiciones de vida y de trabajo y la precarización de las relaciones laborales.

Ambos sindicatos consideran que no se cumple uno de los objetivos prioritarios del Plan de medidas de lucha contra el fraude en el desarrollo de los preceptos incluidos en el Anteproyecto que ahora se informa, como es la acción contra comportamientos que atentan contra derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales.

Por último denuncian que un Plan, que en cualquier área, habría requerido de un previo diagnostico de situación a partir del cual puedan establecerse los objetivos y medidas, que deberían haber sido consensuados con los Interlocutores Sociales como garantía del éxito de esa planificación estratégica, ni el Plan fue formulado con esas características, ni contó en su elaboración con la implicación de las organizaciones legitimadas que representan los distintos intereses afectados.

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