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UGT y CCOO denuncian la opacidad que el Gobierno impone en el Sistema de la Dependencia

03/07/2013 | UGT

En la reunión del Pleno del Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia celebrada en el día de hoy, el Gobierno ha presentado, una propuesta de evaluación anual correspondiente al ejercicio 2012 de los resultados de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que será aprobada mañana en el seno del Consejo Territorial. 

La evaluación presentada supone una apología a los logros obtenidos a través de las últimas reformas del sistema de protección a la dependencia obradas por el actual Gobierno y así justificar todos los recortes económicos y de derechos consagrados por la Ley, lejos de reflejar la merma en la protección de las personas dependientes, y en la calidad del sistema, de analizar la situación en que se encuentra el SAAD, y las consecuencias que han tenido estas decisiones políticas. 

El Gobierno da un paso más hacia la opacidad en la gestión de la protección a la dependencia. En esta ocasión, no sólo se limita a efectuar, como en la anterior evaluación, cruces estadísticos que tan sólo suponen un sumatorio de los datos que publica mensualmente el propio Imserso, sin que se efectúe ninguna valoración, conclusión o propuesta de mejora para conseguir su excelencia, la cobertura universal de todas las personas dependientes y su sostenibilidad. 

Es tal la falta de transparencia en la gestión de las cuentas públicas que el Gobierno tiene el descaro de presentar una evaluación donde no aparecen identificadas las comunidades autónomas cuando se desglosan distintos datos, bajo la excusa que las competencias en servicios sociales son exclusivamente autonómicas y por ello tiene que guardar su “privacidad”, cuando además una parte del SAAD lo financia el Gobierno Central a través de transferencias, concretamente lo que se denomina el nivel mínimo de financiación. Difícilmente se podrán valorar los resultados de la aplicación en la Ley cuando las estadísticas y la gestión del dinero público, ya sea estatal o autonómico, no son transparentes. 

Esta evaluación supone una oportunidad perdida para abordar los verdaderos problemas del Sistema de Dependencia (reducción de la financiación y reducción de la protección social). Supone una quiebra a la transparencia en la gestión pública, acceso a la información y buen gobierno, imposibilitando, conscientemente, la obtención de una imagen fiel del mapa territorial de la dependencia en España. Todo ello nos hace pensar que, de esta manera, se está encubriendo el debate social en torno a la reducción de la protección a la dependencia derivada de los últimos ajustes.

UGT y CCOO denuncian la opacidad que el Gobierno impone en el Sistema de la Dependencia

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