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Sábado, 21/07/2018
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CONFEDERAL ı PLAN DE POLÍTICA DE EMPLEO 2012

UGT y CCOO rechazan el Plan Anual de Política de Empleo 2012

Remiten al Ministerio de Empleo sus observaciones sobre el plan

 

06/06/2012 | UGT ı Nota de prensa

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO, Paloma López, han enviado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, las observaciones de ambos sindicatos al Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2012 del Gobierno, en las que ponen de manifiesto su oposición al mismo, al considerar que los objetivos y propuestas que contiene no se corresponden con el presupuesto aprobado del Servicio Público de Empleo Estatal. “El principal problema para la puesta en marcha del PAPE es el recorte presupuestario para los servicios públicos de empleo. A nivel general el presupuesto se reduce en un 8,51%, lo que equivale a más de 3.200 millones de euros”.

Para CCOO y UGT el Plan Anual de Política de Empleo 2012 (PAPE) es una mera recopilación de las acciones y medidas que se estaban ejecutando en las distintas Comunidades Autónomas y de algunas de las medidas incluidas en la última reforma laboral impuesta por el Gobierno. La única novedad que aporta el PAPE es articular estas medidas en torno a los seis objetivos prioritarios establecidos en el Plan.

En políticas activas la reducción general asciende a un 21%, con especial incidencia en algunas partidas que son imprescindibles para aumentar las posibilidades de inserción y la mejora de la ocupabilidad de los desempleados. Así, en modernización de los servicios públicos de empleo el presupuesto se reduce en un 67’88%, en formación para desempleados en un 25’99%, en formación para ocupados un 32’99%, en la partida de oportunidades de empleo y formación, es decir los relacionados con los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, la reducción llega al 36’73%. En la línea Autoempleo y creación de empresas la reducción es del 52%, por encima de la media general en otros programas. Los programas de empleo y formación son costosos, sin embargo son los que más favorecen la inserción laboral. En cuanto a la formación hay que tener en cuenta que es una garantía para el resto de los trabajadores y trabajadoras y para la competitividad de las empresas.

También muestran su total desacuerdo por que en un presupuesto en el que básicamente todas las partidas de políticas activas destinadas a la mejora de la inserción y ocupabilidad de los desempleados sufren unos inasumibles recortes, sin embargo la partida para subvencionar las bonificaciones a la contratación tiene un incremento de 150 millones de €, lo que supone una deriva muy clara a favor de los intereses de la patronal a costa de recortar en los derechos de los trabajadores, y esto en un contexto en el que el volumen de contratación está bajando sistemáticamente. Además en esta partida se ha suprimido ayudas destinadas a la contratación de mujeres desempleadas, mientras, por ejemplo, se incentiva la contratación de perceptores de prestaciones por desempleo. Los incentivos a la contratación sólo son útiles para colectivos muy específicos y con mayores dificultades de inserción.

En relación con el reparto de fondos a las Comunidades autónomas no parece adecuado a CCOO y UGT el reparto lineal, sin tener en cuenta la situación del mercado de trabajo de cada una de ellas, ya que penaliza a las CCAA con mayor número de desempleados. Ni comparten los contenidos del PAPE que hacen referencia a los efectos de la Reforma Laboral, que hasta ahora no ha mostrado ninguna efectividad, sino, muy al contrario, la facilidad para despedir y el empeoramiento de las condiciones laborales de las personas ocupadas.

En cuanto al Plan de Empleo juvenil, UGT y CCOO consideran que la reforma laboral aprobada por el Gobierno no solo no generará más empleo, sino que empeorará considerablemente las condiciones laborales de las personas más jóvenes. La nueva normativa condena a los jóvenes a seguir en desempleo en la mayoría de los casos, pues un cambio legislativo en materia laboral, sin hacer fluir el crédito o facilitar estímulos para reactivar la economía, difícilmente va a generar, por sí sola, nuevos puestos de trabajo. Si bien es cierto que se generan nuevos contratos bonificados para la contratación de menores de 30 años, también es reseñable que parte de esas bonificaciones van dirigidas a empresas que contraten a personas en desempleo que cobren prestación. En el caso de los jóvenes tan sólo un 15%, del 1,6 millones que no tiene trabajo, cobra el paro, por lo que se verán fácilmente discriminados respecto a otros colectivos de más edad.

Respecto a las modalidades de contratación dirigidas a jóvenes, el nuevo real decreto-ley empeora, si cabe, aún más el contrato para la formación y el aprendizaje, pues eleva el límite de edad a los 30 años hasta que la tasa de desempleo se reduzca al 15%; fija su duración en el tiempo máximo (tres años) y desvincula el contrato de la posibilidad de obtener la titulación correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a través de la formación, para quienes no la tuvieran con anterioridad. Pero no solo este contrato formativo conduce a la precariedad, sino que la gran apuesta gubernamental sigue siendo la contratación a tiempo parcial para jóvenes en paro, lo que supone, en definitiva, marginar al colectivo a la infraocupación, con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas para la emancipación. Y para la juventud que ya tiene un empleo las perspectivas de mantenerlo en unas condiciones dignas, tampoco son muy halagüeñas.

CCOO y UGT valoran la utilización de Fondos Estructurales para focalizar medidas destinadas a jóvenes. Están de acuerdo con las actuaciones que se quieren implementar con la reasignación de 135 millones de Euros, excepto con la propuesta de bonificar el nuevo contrato denominado “de emprendedores“ para empresas de menos de 50 trabajadores (es decir el 99% de las empresas españolas), porque entienden que es un contrato que aunque quiere considerarse como indefinido, en realidad tiene un despido libre durante el primer año de vigencia de su relación laboral, y puede ser extinguido por la decisión discrecional del empresario. Un contrato discriminatorio, pues solo operaría en el caso del trabajador/a que tuviera más de un año de prestación por desempleo, tiempo en que el empresario puede rescatar la bonificación correspondiente. Para el caso de los jóvenes tan sólo un 15%, del 1,7 millones que no tiene trabajo, cobra el paro, por lo que se verán fácilmente discriminados respecto a otros colectivos de más edad.

En cuanto a la protección por desempleo, UGT y CCOO manifiestan su preocupación por la bajada en la partida económica de la prestaciones por desempleo por un valor de 1.637 millones de € y por la forma alarmante en que está bajando el nivel de cobertura de las prestaciones por desempleo, pasando de una cobertura del 79% en 2010 a un 65´5% en el mes de Abril de 2012, y que está incidiendo tanto en el número de beneficiarios como en el importe de la base reguladora y el periodo de tiempo concedido, en un panorama de aumento constante del número de desempleados registrados en las oficinas de de los servicios públicos de empleo.

CCOO y UGT piden que se facilite el acceso a la Renta Activa de Inserción, ampliando los colectivos que puedan acceder a dicha prestación y rebajando la exigencia de los requisitos.

Por otra parte, ante la finalización de la última prórroga del programa PREPARA en el mes de agosto y ante la continuidad de los altos índices de desempleo, solicitamos al gobierno la continuidad del programa PREPARA.

Sobre el Programa de lucha contra el fraude UGT y CCOO poner de manifiesto, en primer lugar y como no puede ser de otra forma, que defenderán la necesidad de que sólo perciban las prestaciones por desempleo aquellas personas que hayan generado el derecho y continúen en esa situación. Sin embargo nos preocupa que en la presentación del Plan se hace especial énfasis en controlar el fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo, cuando la realidad es que según los datos facilitados por el SEPE, el número de bajas por incumplimiento por negarse a participar en acciones de políticas de empleo asciende en tres meses a 868, lo que equivale a un 0’021% del total de perceptores. Entendiendo la necesidad de arbitrar medidas que garanticen que sólo cobre las prestaciones quien debe de cobrar y que haya una mayor coordinación entre los distintos Servicios Públicos de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, solicitamos que se eliminen del documento determinadas aseveraciones como la falta de actividad en la búsqueda de empleo de los perceptores de prestaciones, ya que el Plan contra el Fraude da la sensación de culpabilizar al desempleado de estar parado, cuando la realidad es que más del 35% de los expedientes tramitados por las oficinas de Empleo son reanudaciones de prestaciones, es decir, trabajadores que vuelven a solicitar el desempleo después de haber tenido una colocación.

Por lo tanto control del fraude sí, pero sin dar por hecho que determinados colectivos, precisamente los que están sufriendo con más crudeza las consecuencias de la crisis, tienen una tendencia especial a defraudar. Esta idea no se corresponde con algunas medidas que ha tomado el Gobierno en materia de política fiscal como la de facilitar, sin ningún tipo de rubor, que los defraudadores fiscales puedan sacar a la luz el dinero no declarado sin ninguna penalización, es decir blanqueo de dinero a través del boletín oficial del estado.

Ambas organizaciones piden que se haga un esfuerzo, por parte del Gobierno, para garantizar durante todo el año 2012 la continuidad del los 1.500 promotores de empleo, ya que a nivel presupuestario, su contratación finaliza el 30 de Junio. Desde su punto de vista no tiene sentido que, cuando a través de todo el PAPE 2012 la orientación profesional es un elemento básico para mejorar la ocupabilidad de los demandantes de empleo y mejorar sus posibilidades de inserción, se suprima la actuación de este colectivo, que sin duda es muy necesario, tanto para los desempleados, como para acercar a los empresarios a los servicios públicos de empleo.

Ante la falta de presupuesto que se alega para justificar la eliminación de la figura de los promotores de empleo UGT y CCOO solicitan que del incremento de la partida de bonificaciones a las empresas, se destine una mínima parte para garantizar, por una parte los puestos de trabajo, y por otra y fundamental, la continuidad de la labor que ha venido realizando este colectivo con los desempleados y con las empresas. Por último insisten en la necesidad de una evaluación continua del PAPE y las medidas propuestas, tanto cuantitativa como cualitativamente. El Servicio Público de Empleo Estatal tiene que saber qué se está haciendo con los fondos y para qué está sirviendo el Plan.

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