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MIGRACIONES

Un juez sentencia contra el despido de un inmigrante 'sin papeles'

Se trata de un joven ecuatoriano que denunció a su empleador por no querer regularizar su situación

23/07/2005 | elcorreodigital

Una sentencia del Juzgado de los Social número 2 de Logroño ha reconocido la improcedencia del despido de un trabajador que carecía de la autorización de residencia y trabajo en España. Julián Olagaray, responsable del Departamento de Migraciones de UGT, señaló que «los hechos sucedieron una vez anunciado públicamente la apertura del proceso de regularización de los trabajadores inmigrantes».

Olagaray indicó que «un trabajador pidió a su empleador que llevase la documentación para regularizar su situación y éste se negó. Ante la negativa, el joven ecuatoriano -J.T.B.- acudió a nuestras oficinas y nosotros denunciamos la situación a la Inspección de Trabajo. El empleador -Z.Y.Y.- despidió al trabajador y nosotros recurrimos el despido». Olagaray indicó que «hoy tenemos la sentencia en la que se reconoce la relación laboral desde septiembre de 2004, por lo que el empleador tendrá que indemnizar al joven, al quedar demostrado que existía un contrato indefinido».

El trabajador, que prestaba sus servicios en un comercio logroñés, percibía entre 300 y 400 euros por jornadas de trabajo que superaban con creces el establecido por convenio, según apuntó UGT mediante un comunicado.

Olagaray destacó que ésta es la primera sentencia de esta índole en La Rioja. «Estamos contentos porque la sentencia supone un estrechamiento al cerco al que se verán sometidos los empresarios que siguen optando por tener trabajadores en situación irregular, que es nuestra verdadera preocupación». «Este éxito pone también de manifiesto la eficacia de los servicios jurídicos de la organización sindical, que marcará un precedente».

El responsable del Departamento de Migraciones de UGT señaló que esta sentencia «puede servir para que muchos inmigrantes se atrevan a denunciar a los empresarios que no quieran regularizar su situación o que estén trabajando en una situación de explotación». Olagaray resaltó que «en La Rioja hay varias denuncias porque una vez que los empleadores les han regulado su situación, no quieren darles de alta en la Seguridad Social».

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