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STC 104/2013 de 25 de abril | BOE de 23 de mayo 2013

Vos no sou ningú* | * Vd. no es quién

13/02/2014 | Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

Ponentes:

Luis Ignacio Ortega Álvarez

Voces:

  • Competencia sancionadora en materia de desempleo

Supuesto:

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat catalana contra varios preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, entre ellos el art. 46.17, que dio nueva redacción al art. 48.4 LISOS (ahora párrafos 1 y 2 del art. 48.5 del texto refundido vigente) y atribuye al SEPE la competencia para sancionar conductas tipificadas como infracciones leves o graves, previstas en los arts. 24.3 y 25.4 LISOS, cuando las mismas fueran cometidas por solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Criterio:

Las prestaciones por desempleo, como prestaciones de Seguridad Social, son encuadrables en el ámbito material de la Seguridad Social, sobre el que el Estado cuenta con competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las CCAA (art. 147.1.17 CE). Así corresponde al Estado la gestión de las prestaciones por desempleo, en tanto que integrantes de la caja única de la Seguridad Social, con atribución de la potestad ejecutiva, incluida la sancionadora, cuando recae directamente sobre actividades económicas, que son las vinculadas a la percepción de los ingresos o la administración y disposición de esos fondos para atender la realización de los gastos correspondientes de las prestaciones por desempleo. Pero cuando se trate de conductas tipificadas que no estén directamente relacionadas con la actividad económica de la Seguridad Social, como acontece en las cuestionadas en este recurso (incomparecencia injustificada ante los servicios públicos de empleo, no devolución en plazo del justificante de comparecencia para cubrir una oferta de empleo, incumplimiento del compromiso de actividad, no facilitación de información necesaria para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, rechazo de una oferta de empleo, y negativa a participar en trabajos de colaboración social, programas de empleo o acciones de promoción, formación o reconversión, y de orientación e información profesionales), éstas son propias de supervisión de competencia autonómica; lo que conduce a la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados (fj 4).

La nulidad no afecta a las situaciones jurídicas ya consolidadas (art. 9.3 CE), sino a nuevos supuestos o a procedimientos administrativos o judiciales en los que no haya recaído resolución firme.

Reitera criterio:

SSTC 195/1996, de 28 de noviembre (fj 8); y 51/2006, de 16 de febrero (fj 4).

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

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