Hacia un nuevo modelo económico y social en España
Comercio•Hostelería-Turismo•Juego
Domingo, 21/10/2018
Portada > noticia
STC 227/2012, de 29 de noviembre | BOE de 29 de diciembre de 2012

Y más fricciones

15/11/2013 | Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponente:

Adela Asua Batarrita 

Voto particular: Adela Asua Batarrita

Voces:

 Competencias autonómicas en subvenciones públicas

Supuesto:

Conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat catalana contra la Orden TAS/3441/2005, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2005 la concesión de subvenciones a municipio y mancomunidades de municipios para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.

Criterio:

El ámbito material en el que debe incardinarse la Orden cuestionada es el relativo a la asistencia social (art. 148.1.20 CE) (fj 4), sobre el que las Comunidades Autónomas pueden asumir la competencia como lo ha hecho Cataluña (art. 166 Estatut), que no impide el ejercicio de competencias del Estado ex art. 149.1 CE, cuando éstas concurran con las autonómicas sobre el mismo espacio físico u objeto jurídico, de manera que el Estado tiene la capacidad de poner su poder de gasto al servicio de una política de asistencia social en el ejercicio soberano de la función legislativa presupuestaria (fj 5). En este caso el Estado no ha invocado título competencial suficiente, genérico o específico, respecto a las ayudas establecidas, lo que excluye la posibilidad de su gestión centralizada (fj 6).

Así el art. 1º de la Orden resulta inconstitucional en relación con la convocatoria de concesiones para el año 2005, como lo son los arts. 4 y 6, que regulan la forma y plazo de presentación de solicitudes y la tramitación y resolución de las mismas. También lo es el art. 7 que establece un baremo para aplicar a la adjudicación de las ayudas. Los arts. 8 a 14 vulneran también las competencias autonómicas, al establecer aspectos de tramitación, resolución, pago, control, responsabilidad y reintegros de las ayudas. La DF 2ª que reconoce a la Dirección General de Integración de Inmigrantes facultades de desarrollo de la Orden es asimismo inconstitucional; extendiéndose por último la tacha de inconstitucionalidad a los anexos I a III de la Orden (fj 5).

Reitera criterio:

SSTC 31/2010, de 28 de junio (fj 104); y 177/2012, de 15 de octubre (fj 7).

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

CHTJ-UGT. Avenida de América, 25 - 4ª planta • Tel. 915897309 /10 /13/14 • Fax 91 589 7477 • 28002 Madrid
chtjugt.com UNI UGT Confederal IUF-UITA-IUL Imatek