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STC 243/2012, de 17 de diciembre | BOE de 22 de enero de 2013

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18/12/2013 | Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

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Ponente:

Pablo Pérez Tremps

Voto particular Fernando Valdés Dal-Ré y Adela Asua Batarrita

Voces:

• Competencias en materia de subvenciones de servicios sociales e igualdad

Supuesto:

Conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat catalana contra la Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, que establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Secretaría de Estado de servicios sociales e igualdad.

Criterio:

Recuerda el TC que la regulación de la formación profesional como concepto unitario que capacita para el desempeño de una profesión y el acceso al mercado laboral, con tres vertientes diferenciadas: la formación profesional reglada, que se integra en el sistema educativo, la ocupacional y la continua, siendo ésta última a la que va referida la regulación del RD impugnado, que se inserta en el ámbito de las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación laboral (art. 149.1.7 CE), descartando otras posibilidades y señaladamente la competencia prevista en materia de Seguridad Social (art. 149.17 CE), aunque los créditos destinados a la formación tengan su origen en cotizaciones recaudadas por la TGSS (FJ 4).

Vulnera las competencias catalanas el art. 2, al deferir a las resoluciones correspondientes la realización de las convocatorias de las ayudas; también los arts. 4 a 6, al prever los órganos estatales que se dicen competentes en su tramitación, así como cuestiones adjetivas de ésta; y los arts. 8 a 16, al regular aspectos atinentes a la tramitación, resolución, pago, control, responsabilidad y reintegros de las ayudas; como también los Anexos I a III de la Orden (fj 5).

Por último se extiende la declaración de inconstitucionalidad a la DF 2ª, aunque no haya sido impugnada, que contiene el título competencial del Estado que resulta descartado como fundamento por el TC; y se aclara que los efectos de nulidad no afectan a las resoluciones dictadas en aplicación de la Orden cuando haya transcurrido ya el plazo máximo para dictar y notificar aquéllas, con el fin de preservar los legítimos derechos de terceros generados por la presunción de legalidad de los mismos (fj 6).

Reitera criterio:

SSTC 23/1992, de 6 de febrero (ffjj 7 y 8); 173 y 177/2012, de 15 de octubre (ffjj 7)

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