STC 026/2012, de 01 de MARZO | BOE 28 de marzo de 2012

Abierto hasta el amanecer

04/02/2013 | Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Ponente:

Pablo Pérez Tremps

Voces:

  • Delimitación de competencias en materia de comercio interior y defensa de los consumidores y usuarios (horarios comerciales, tipos de venta, etc.) 

Supuesto:

Recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra distintos preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, por vulnerar las competencias del Estado.

Criterio:

Declara el TC inconstitucionales las siguientes previsiones de la ley balear: 1 La definición de la actividad comercial al detalle, que incluye actividades propias del crédito y la banca, por corresponder en exclusiva al Estado (fj 4) 2 Las limitaciones a las obras de instalación o ampliación y a la apertura de grandes comercios son incompatibles con la norma básica estatal, sin que resulten justificadas las mismas (fj 5) 3 Las restricciones a la libertad de horarios en comercios localizados en zonas de gran afluencia turística, suponen un exceso del legislador balear (fj 9) 4 La prohibición de comercios dedicados en exclusiva a la venta de saldos, por invadir la competencia estatal de libre concurrencia en el mercado (fj 10) 5 La prohibición de promoción de ventas dos meses antes de las temporadas autorizadas de rebajas, por afectar a la relación horizontal entre las empresas en una economía libre de mercado (fj 11) 6 La definición de la venta a pérdidas  se aparta sustancialmente de la norma estatal y afecta a la competencia estatal sobre legislación mercantil (fj 12).

Por otro lado resultan constitucionales las regulaciones sobre horarios comerciales por no contravenir la normativa estatal, salvo el límite diario al horario de apertura y cierre no superior a 12 horas (fj 7); la regulación de la actividad comercial en domingos y festivos, siempre y cuando se respete el mínimo de 8 días de apertura establecido en la norma estatal (fj 8); y la regulación de la reincidencia en la graduación de las sanciones, que no resulta omitida y se sujeta a los límites de la norma básica estatal (fj 13).

Reitera criterio:

SSTC 74/2004, de 29 de abril (fj 3); y 140/2011, de 14 de septiembre (fj 2)