ATC 85/2011, de 07 de junio | BOE 04 de julio de 2011

Dónde manda ley, no manda convenio

10/01/2012 | Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Voces

  • Falta de relevancia en el planteamiento de la cuestión
  • Cuestión infundada por falta de afectación del derecho fundamental

Supuesto

Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con los arts. 22.4 y 25 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el RD-L 8/2010, de 20 de mayo, que disponen la minoración de la masa salarial del personal laboral del sector público en un 5%, por su posible vulneración del derecho a la negociación colectiva (37.1 CE), y del derecho de libertad sindical (28.1 CE); así como la D.Ad. 9ª del RDL, que establece normas especiales en la reducción salarial para algunas entidades públicas empresariales, por posible vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE).

Criterio

La cuestión resulta inadmisible en relación con la D. Ad. 9ª del RDL 8/2010, por su falta de aplicabilidad y relevancia, ya que de su validez no depende la decisión que deba de adoptar el órgano judicial, al no mencionarse en la referida norma al personal de la Fábrica de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, sobre el que se ha suscitado el conflicto ante la Audiencia Nacional (fj 5).

Respecto al resto de los preceptos legales, la cuestión planteada resulta notoriamente infundada, al no regularse en estos el régimen general del derecho a la negociación colectiva, ni disponer sobre la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Sin que quepa confundirse con la intangibilidad o inalterabilidad del contenido de los mismos, que puede producirse por norma legal, incluso sobrevenida, en virtud del principio de jerarquía normativa, debiendo el convenio respetar y someterse no sólo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario. Por tanto los preceptos cuestionados no suponen afectación, en el sentido constitucional del término, del derecho a la negociación colectiva, en cuanto ni regulan el régimen general de dicho derecho, ni la intangibilidad del convenio colectivo se configura como un de sus elementos esenciales; sin que se haya franqueado el límite material que al decreto-ley impone el art. 86.1 CE de no afectar a los derechos y libertades del Título I CE (fj 8).

Reitera criterio

SSTC 177/1988, de 10 de octubre (fj 4); 171/1989, de 19 de octubre (fj 2); 92/1994, de 21 de marzo (fj 2); y 62/2001, de 1º de marzo (fj 3).